Voto unánime para privatizar la generación AEE abre conflictos entre presidente cameral y representante independiente

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EL CAPITOLIO (CyberNews) – Tras la votación unánime que abrirá paso a la privatización de la generación energética en Puerto Rico, se abrió paso a un conflicto entre el representante independiente Luis Raúl Torres Cruz y el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

“Hoy se confirma que los presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado de Puerto Rico le han fallado al pueblo que confió en ellos y han dejado atrás los ideales y valores del PPD. Los presidentes legislativos debieron exigirle a los representantes del interés público en la Junta de Directores de la AAPP, recomendados por ellos, la licenciada Liza Ortiz Camacho y el licenciado Eduardo Ferrer Ríos que votarán en contra o abstenidos en la votación para la aprobación de esa alianza público privada y así detener la privatización de la generación de energía eléctrica por lo que resta de este cuatrienio.  Mi decisión de desafiliarme del PPD, a causa de las acciones del alto liderato de esa colectividad fue la correcta. Estoy seguro de que el pueblo de Puerto Rico evaluará sus acciones y pasará su evaluación en las elecciones del 2024”, dijo Torres Cruz en declaraciones escritas.

“Es increíble que tras todas las deficiencias que han surgido tras el proceso de adjudicación e implementación del contrato de LUMA, especialmente ante la falta de transparencia de dichos procesos, los presidentes de los cuerpos legislativos y el gobernador formen una alianza para encaminar otro proceso similar, cubierto bajo un manto de secretismo y una adjudicación que a todas luces es contraria a las disposiciones de la Ley 17 – 2019. Tal como se nos había informado, se seleccionó el consorcio Genera PR, que está compuesto por las compañías NFR Energía, afiliada a New Fortress Energy, Peak Energy y Black and Veatch”, añadió.

El representante explicó que la privatización del sistema de generación creará un monopolio privado en la generación de electricidad, lo que es contrario a la intención legislativa al crear la Ley 57 – 2014 y otras leyes posteriores sobre la transformación del sistema eléctrico de la Isla. “Tanto es así, que la Ley 17 – 2019, en su Artículo 1.8., establece que el Sistema Eléctrico de Puerto Rico no podrá ser un monopolio verticalmente integrado. Tampoco podrá establecerse un monopolio horizontal en la función de generación. Ninguna compañía de servicio eléctrico, por sí, a través de, o en conjunto con una subsidiaria o afiliada, podrá controlar el cincuenta por ciento (50%) o más de la capacidad de los activos de generación, con excepción de la Autoridad, y solo cuando se trate de activos de generación legados. No obstante, la Autoridad deberá transferir su función de operación, administración y/o mantenimiento de activos de generación legados en o antes del 31 de diciembre de 2020. El porcentaje máximo que una compañía de servicio eléctrico, su subsidiaria o afiliada podrá controlar de la capacidad de activos de generación podrá ser revisado por el Negociado para impedir el establecimiento de un monopolio en la generación, pero en ningún caso podrá alcanzar el cincuenta por ciento o más de la capacidad de los activos de generación. Con esta adjudicación, GENERA PR controlará cerca del 75 por ciento de la generación del sistema eléctrico de Puerto Rico”, dijo Torres Cruz

El legislador dijo: “Esto se agrava cuando consideramos que New Fortress Energy se dedica al negocio de suplido de gas natural. De hecho, son los proveedores de gas natural para las unidades 5 y 6 de la Central San Juan, tras un proceso en el que el Lcdo. Omar Marrero Díaz, como Director Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, le cedió en arrendamiento el muelle que hizo posible que New Fortress pudiese montar su operación de gas natural justo al lado de la Central San Juan, sin que mediara un proceso competitivo para otorgar ese arrendamiento, sin cumplir con los requisitos de preparar un documento ambiental según requerido por la Ley de Política Pública Ambiental de Puerto Rico y lo que es peor, sin permiso de la Comisión Reguladora de Energía Federal, la que vela por la construcción y operación segura de terminales de gas natural. Aún está pendiente ante esta agencia un pleito para determinar cómo se procederá contra New Fortress. Es precisamente, a esta corporación que actúa en franca violación a las leyes estatales y federales, la que muy probablemente será escogida para entregarle un monopolio de la generación eléctrica en Puerto Rico.”

El representante también se expresó sobre un posible conflicto de intereses en el que pudiera incurrir New Fortress: “El hecho de que New Fortress Energy se dedique al negocio de suplido de gas natural, presenta además, un conflicto de intereses, porque es muy probable que esta corporación busque promover el uso de gas natural como combustible para a generación de energía, lo que será un obstáculo a la implementación de la política pública de transición a generación mediante fuentes renovables y la creación de microrredes que conviertan a nuestro sistema eléctrico en uno más confiable, resiliente y apto para responder mejor a situaciones de emergencia, tales como las creadas por terremotos y huracanes. Además, es preocupante que vayamos a entregar nuestro sistema de generación eléctrica a una compañía sin el peritaje ni experiencia necesaria en este campo.”

Finalmente, Torres Cruz se expresó preocupado por los aumentos que surgirán como resultado de la privatización de la generación de electricidad. “Hemos visto cómo la presencia de LUMA ha generado aumentos frecuentes en la factura de electricidad, esto sucederá también con la privatización de la generación, lo que añadido a los costos que se impondrán al reestructurar la deuda de la AEE, elevarán el costo de la electricidad a niveles nunca antes vistos, lo que afectará a los más vulnerables en forma desmedida y será un obstáculo insalvable para propender a un desarrollo económico sostenible en Puerto Rico”, afirmó.

“Es muy lamentable que los presidentes legislativos se alinearan totalmente con la postura neoliberal del Gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y el PNP. Como dice el refrán: El amor y el interés se fueron al río un día y pudo más el interés que el amor que le tenía”, concluyó el legislador.

Por su parte, Hernández Montañez reaccionó: “Compañero Luis Raúl Torres Cruz, usted no sabe cómo diferir ni presentar sus reclamos o posiciones personales con respeto y deferencia, como este servidor siempre lo ha hecho. Su reclamo filosófico es para las gradas, dado a que usted ni ningún otro compañero del Partido Popular Democrático en Cámara y Senado ha radicado legislación para eliminar la participación y evaluación de los representantes del interés público en la junta de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP). Por el contrario, solo ha radicado legislación para mantener la política pública vigente. Por tanto, en repetidas ocasiones con su voto afirmativo, usted ha avalado la estructura para el análisis y aprobación de propuestas para la generación de energía eléctrica en manos del sector privado.

Usted tiene que aprender a respetar la diversidad de ideas, pero no hacia un solo lado. Tampoco es responsable su costumbre, a través de toda su carrera política, de levantarse e irse cada vez que difieren de una postura suya. Ya lo conocemos”.

“Mientras usted le hace eco a los intransigentes que perdieron la representación de los trabajadores por levantarse de la mesa, nosotros adelantamos las causas del pueblo en el proceso administrativo, incluyendo que:

  1. Cualquier ahorro alcanzado represente o se refleje, a su vez, en una reducción de la tarifa en las facturas de energía eléctrica.
  2. Ninguna alianza pública privada que viabilice la generación de energía eléctrica a través de operadores privados debe representar o arriesgar los empleos ni beneficios de empleados públicos.
  3. Ningún contrato resultante podrá servir de subterfugio para la contratación de socios, aliados, subsidiarias ni entidades ligadas a la compañía operadora.
  4. Para la ejecución de cualquier contrato o alianza se debe priorizar el ofrecimiento de servicios por parte de empresas y empleados locales.
  5. La rendición de cuentas, el acceso a la información y métricas relacionadas al desempeño del contrato deben garantizársele a la Asamblea Legislativa de manera transparente.
  6. Las extensiones y acuerdos posteriores deberán contar con la aprobación del interés público, según lo requiere la Ley.

No es serio andar con un switch de prender y apagar para cuándo es más conveniente ser popular… yo soy popular siempre”, concluyó.