PONCE (CyberNews) – El juez superior Mariano Vidal Sáenz resolvió con un No Ha Lugar, la solicitud del alcalde de Peñuelas, Walter Torres Maldonado para que se inhiba el juez Aníbal Lugo Irizarry ante el caso contra Peñuelas Valley Landfill, vertedero receptor de cenizas de carbón (Agremax).
“A base de la normativa jurídica examinada, concluimos que los hechos y fundamentos para solicitar la inhibición del juez Aníbal Lugo Irizarry no son suficientes para que una persona razonable genere duda sobre la imparcialidad, neutralidad y objetividad del juez Aníbal Lugo Irizarry para continuar atendiendo los procedimientos de estos casos. Por consiguiente declaramos No Ha Lugar la Moción al Amparo de la Regla 63 del Procedimiento Civil, interpuesta por la parte promovente, El Municipio de Peñuelas”, reza la Resolución.
En su argumento, el alcalde, a través de su equipo legal, sostiene que la inclusión de su persona en este caso, es contrario a derecho puesto a que el alcalde acudió en calidad de visitante entre el público en la sala y éste fue llamado como invitado, posteriormente para una cámara fuera de récord.
El 18 de abril de 2016, el juez Lugo Irizarry ordenó el arresto de cualquier manifestante que impidiera las operaciones del vertedero Peñuelas Valley Landfill.
Luego de eso, según la solicitud de certiotari, Torres Maldonado fue citado al caso y se incluyó dentro de una intención de desacato.
“El pasado 18 de abril de 2016, ante este Honorable Tribunal comparecieron el demandado Jimmy Borrero y el Alcalde de Peñuelas, Walter Torres. El 18 de abril tanto el Sr. Borrero como el Alcalde Torres se dirigieron al Tribunal. Ante el Sr. Borrero y el Alcalde Torres, este Tribunal emitió Orden mediante la cual reiteró la Orden de Injuction Preliminar emitida el 15 de julio de 2015”, reza la solicitud de incurso en desacato por parte de Peñuelas Valley Landfill.
Como cuestión de hecho, el juez Aníbal Lugo se inhibió del caso Peñuelas Valley Landfill y Manuel Díaz Pérez, supra, el cual es el caso donde se pretende procesar por desacato al Alcalde de Peñuelas y el caso de autos contiene solicitud de desacato similares y relacionada a los mismos hechos.
“Es evidente que la solicitud de inhibición es insuficiente y no cumple con los requerimientos mínimos de fondo, ni sustantivos que dispone la Regla 63 de Procedimiento Civil, ni con los criterios establecidos por nuestro Tribunal Supremo sobre la inhibición de los jueces o
Juezas”, concluye el juez Vidal Sáenz en su opinión.
Documento: 08-02-16_CyberNews_-_Caso_Peñuelas_Vs_PVL.PDF
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