En una decisión dividida, un panel de jueces del Tribunal Supremo denegó el jueves en la noche una petición elevada por parte de Televicentro of Puerto Rico, LLC, en la que se solicitó el poder transmitir el proceso judicial de vista preliminar en el caso de El Pueblo de Puerto Rico versus Luis Gustavo Rivera Seijo, alias El Manco, acusado de asesinar al niño Lorenzo González Cacho.

En su decisión, tres de cinco jueces del Tribunal Supremo denegaron la petición basados en que la televisora no utilizó un abogado para hacer la petición y que lo hizo fuera del periodo establecido por el reglamento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual de Difusión (PECAM) por los medios de comunicación en los procesos celebrados en los procesos judiciales.

El argumento esbozado en la opinión del juez asociado Rafael L. Martínez Torres, fue más allá al señalar que ante el hecho de que fuese el vicepresidente de la corporación televisiva y no su abogado el que sometió el recurso ante el Tribunal, se convierte en un hecho ilegal, ya que las corporaciones están impedidas de acudir a ese foro por derecho propio.

“Las mociones ante el Tribunal Supremo, sin lugar a dudas, son comparecencias ante un foro judicial, y cuando son presentadas por entes corporativos, tienen que ser suscritas por un abogado. De lo contrario, como en este caso, estamos ante un escenario de práctica ilegal de la abogacía”, sostiene en su argumento el juez Martínez Torres.

Por su parte, la juez presidenta del máximo Tribunal del País, Maité Oronoz, indicó que estaría dispuesta a conceder un plazo de 48 horas a la corporación propietaria de los medios WAPA-TV, WAPA América y WAPA.TV, para volver a someter el recurso mediante abogado, para que de esa forma conceder su voto a favor de la moción.

Oronoz entiende que “en esta ocasión, perdemos una oportunidad de que el País sea testigo del orden, la verticalidad y la transparencia con la que se llevan a cabo nuestros procesos. Insisto en que es tiempo de no temer hacer las cosas de cara al sol. Es tiempo de confiar que el desempeño de las partes en este caso y del juez a cargo del mismo, estarán a la altura profesional y ética esperada por todas y todos en Puerto Rico”.

Oronoz dijo estar “convencida que las ejecutorias dignas de los fiscales, los abogados de defensa del imputado y del juez a cargo del caso en esta etapa procesal, hubieran servido de antídoto idóneo contra el veneno de la confusión y hasta cierto punto, perversión, que ha generado el debate público de este caso”.

A pesar de esto, la juez sostuvo su determinación en contra y recordó que en un caso como este, en el que se pueda ventilar información sensitiva relacionada a menores o a evidencias, el Tribunal está facultado por el reglamento del PECAM, a ordenar a los medios a apagar las cámaras o a abandonar la sala en momentos en los que se van a discutir dichos temas.

Otro argumento utilizado para negar la petición es que el proceso es una vista preliminar y tale, no se incluyen en el reglamento, que sí autoriza procesos en otras etapas y en salas específicas.

Por su parte los jueces asociados Erick Kolthoff Caraballo y Luis Estrella Martínez disintieron de la determinación y dejaron claro que hubiesen autorizado la petición realizada por parte de la televisora a difundir el proceso judicial.

“En ese sentido, considero que debemos permitir la transmisión de la totalidad de la vista en cuestión, con las salvaguardas necesarias para proteger los derechos del imputado y/o de los participantes del proceso. Inclusive, al día de hoy, la Oficina de Administración de los Tribunales cuenta con el equipo necesario para lograr ese fin. Como he expresado, la política de transmitir los procedimientos judiciales debe ser la norma y no la excepción”, sostuvo el juez Estrella Martínez en su voto.

El niño Lorenzo González Cacho fue asesinado el 9 de marzo de 2010 en su residencia en Dorado, en medio de un confuso incidente violento del que han surgido múltiples teorías. Una de estas teorías, que había sido descartada temprano en la investigación, implicaba a Luis Gustavo Rivera Seijo, alias El Manco, contra quien fueron sometidos cargos por asesinato en pasado 8 de marzo de 2016.

Las acusaciones contra “El Manco” han levantado una serie de discusiones a nivel público que ponen en entredicho la teoría adoptada por parte del Departamento de Justicia y cuestionan el que se hubiese descartado a la madre del menor, Ana Cacho, como sospechosa del asesinato, esto a pesar de que en reiteradas ocasiones el Ministerio Público la señaló directamente como sospechosa, lo que dio pie a múltiples teorías hilvanadas en los medios del País.