EL CAPITOLIO (CyberNews) – Las comisiones de Relaciones Federales, Internacionales y Status; y de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, presididas respectivamente por los representantes José Aponte Hernández y Víctor Parés Otero, dieron inicio el martes, al estudio de la Resolución de la Cámara 1523, que busca investigar los procesos llevados a cabo para aprobar la fusión de las empresas de carga marítima Luis Ayala Colón (LAC) y Puerto Rico Terminals (PRT), Tote Maritime.

La medida, de la autoría de los representantes Pedro “Pellé” Santiago Guzmán y Aponte Hernández, busca evaluar las denuncias sobre el alegado monopolio entre las navieras; el intercambio y la competencia local, interestatal y con otras jurisdicciones en todos los puertos de la Isla.

A la audiencia pública acudió el subdirector de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR), José Roa Martínez, quien apoyó cualquier investigación por parte de la Comisión Marítima Federal (FMC, por sus siglas en inglés) o el Departamento de Justicia local, para atender la preocupación de que se pueda disminuir la competencia en el mercado como resultado del acuerdo con Puerto Nuevo Terminals (PNT).

Sin embargo, no pudo contestar las preguntas del presidente de la Comisión sobre si la APPR cursó comunicación a FMC en cuanto al acuerdo cooperativo, cuáles empresas marítimas tienen contratos de alquiler respecto a las áreas preferenciales de los puertos y las fechas de vencimiento. Entre las contestaciones que mencionó Roa Martínez fueron “no tengo conocimiento” y “no tengo la información aquí”.

Ante la poca información suministrada por Roa Martínez, el representante Aponte Hernández precisó en comunicación escrita que “usted no está preparado para poder aclarar nuestras preguntas. Usted como subdirector ejecutivo no conoce el área.”. Esto, al presentarle fotos aéreas de la zona portuaria y no poder señalar la ubicación de las empresas navieras.

Seguido, el presidente de la Comisión adelantó que estará citando al director ejecutivo de los Puertos, Anthony Maceira, so pena desacato al no comparecer a las vistas públicas anteriores que ha realizado la Comisión y delegar en Roa Martínez, la responsabilidad de contestar sobre cuestionamientos de la fusión de las empresas navieras en un funcionario que lleva en el cargo tres semanas.

Por otro lado, María Caraballo, presidenta de la compañía Intership, empresa dedicada a la estiba o carga y descarga de embarcaciones, mencionó que las actuaciones por parte de la APPR “han sido unas no proactivas sino reactivas”.

Caraballo reconoció que la entidad gubernamental no descargó sus responsabilidades y facultades, según la “Ley de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico”.

“Es responsabilidad del Director Ejecutivo fomentar y defender las facilidades portuarias y aeropuertos y buscar los recursos para que las mismas estén funcionales y operacionales incluyendo que en caso de una emergencia pueda garantizarse el flujo continuo de carga y movimiento de pasajeros, así como la actividad continua del tránsito de carga de importación y exportación para el bienestar en general de nuestra Isla y su economía”, sostuvo la Presidenta y CFO de Intership.

El autor de la medida, Santiago Guzmán, en su turno, preguntó a Caraballo en cuanto a las fallas de la APPR sobre el acuerdo, a lo que contestó, “un ente como Puertos debió preocuparse por el acuerdo”.

En la misma línea, el representante Luis Vega Ramos señaló que, “el gobierno renunció a los derechos de los puertorriqueños. La presente administración abdicó de su deber de proteger y procurar el bienestar del pueblo puertorriqueño”. Esto, al reconocer que la única gestión gubernamental que se ha realizado para detener el acuerdo cooperativo ha sido por esta Comisión que preside Aponte Hernández.

Antes de finalizar, el presidente de la Comisión insistió en que la propuesta de fusión de las compañías navieras, “es un monopolio”.