El senador Cirilo Tirado, presidente de la Comisión de Recursos Naturales anunció que el martes se verá en vista pública el Proyecto del Senado 1422, que busca aumentar el poder de la ciudadanía para denunciar casos ambientales, con el fin de proteger los recursos naturales de Puerto Rico.
“Este proyecto de mi autoría busca establecer las bases en ley a los fines de otorgar legitimación activa a grupos interesados en el ambiente y facultar personas a instar acciones jurídicas vinculadas a cualquier legislación ambiental. Recordemos que la Constitución del Estado Libre Asociado promueve la más eficaz conservación de los recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad. Basándonos en ese principio, es que radicamos esta herramienta legal”, expresó el senador en un comunicado de prensa.
La legislación para proteger recursos naturales y sistemas ecológicos comenzó en Puerto Rico a principio de la década del ’70, siguiendo las pautas federales que vemos en el “National Environmental Policy Act” (NEPA, por sus siglas en inglés), de 1969 y otra profusión de leyes federales posteriores como el “Clean Air Act”, el “Clean Water Act”, la creación del “Environmental Protection Agency” (EPA, por sus siglas en inglés) y otras. En Puerto Rico, para esa época, se legisló la Ley de Política Pública Ambiental, Ley 9 de 18 de junio de 1970; derogada por la Ley 416-2004, según enmendada, la ley orgánica del Departamento de Recursos Naturales, Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada y otras, además de la promulgación de un gran número de reglamentos relacionados a la protección del ambiente.
“Esta situación, unida a la creciente deforestación y expansión urbana e industrial en zonas, tanto urbanas como rurales, estimuló la creación de una profusión de grupos con intereses en la protección del ambiente al crearle el derecho para invocar la mencionada protección. Muchos de estos grupos surgían alrededor de una situación específica, cuando se veía amenazado algún ecosistema en particular o se daba la incidencia potencial o real de actividades que provocan enfermedades de las vías respiratorias. Así surgieron organizaciones en oposición a la actividad minera en el centro de la Isla, contra la contaminación de la industria petroquímica en el suroeste, a la construcción de plantas nucleares en el norte y sur. Al mismo tiempo, surgieron organizaciones como Misión Industrial, que proveía apoyo organizativo, legal y científico a comunidades que enfrentaban problemas de contaminación ambiental y destrucción de recursos naturales. La naturaleza de todos estos grupos era la de fiscalizar y tomar las acciones necesarias incluyendo acciones de naturaleza legal, para la protección del ambiente y la salud humana. Ahora vamos a darle una herramienta legal a estas organizaciones ciudadanas”, detalló el senador por acumulación.
