EL CAPITOLIO (CyberNews) – El Senado aprobó el martes enmiendas a la Ley de la Policía de Puerto Rico, a fin de regular el servicio de escoltas a los gobernadores y exgobernadores, lo que debe dejar importantes ahorros en el presupuesto del país.
“El Proyecto del Senado 1168, elimina de forma prospectiva las escoltas de los gobernadores una vez estos cesan en su función. Dicha acción, según el análisis presentado por la Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos, va a tono con la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Hernández Colón v. Policía de Puerto Rico”, dijo el presidente del Alto Cuerpo, Eduardo Bhatia en un comunicado.
Por su parte, la senadora Mari Tere González, coautora del proyecto, destacó que aunque el Supremo determinó que las escoltas representaban un derecho adquirido por los exmandatarios, no eliminó la facultad de la Legislatura para regular el sistema de escoltas.
“En esta Asamblea Legislativa, sin duda alguna estamos consientes de la crisis económica que atraviesa este gobierno. El ahorro al erario para todos nosotros debe ser prioridad y para todos los que ostentamos un puesto electivo mucho más”, apuntó González,
Agregó que “el gasto para esos fines es alto, oneroso, excesivo e injusto”.
El Alto Cuerpo aprobó además el Proyecto del Senado 1702, instrumento que crea la Ley de Revitalización de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y ordena la constitución de la Corporación para la Revitalización de dicha corporación pública, a fin de que a través de este organismo se definan los procesos para la amortización y emisión de deuda.
La medida dispone para que la corporación pública pueda acudir al mercado de bonos mediante el mecanismo de titulación y levantar el dinero necesario para continuar con su plan de mejoras capitales, pagar a sus suplidores y el reembolso del “Rate Stabilization Fund” estabilizar la tarifa. Al mismo tiempo, establece que cualquier otra emisión requeriría una nueva autorización legislativa. La medida sustituye el Proyecto de la Cámara 2786, que tenía el mismo propósito pero murió en el trámite legislativo.
En el marco de la sesión senatorial, fue derrotado el Proyecto 1701, radicado por la minoría del Partido Nuevo Progresista, a través del cual se proponía la celebración de una consulta sobre el estatus de Puerto Rico el próximo 8 de noviembre, conjuntamente con las elecciones generales.
El pleno senatorial avaló además los Proyectos del Senado , 971, 1546, 1564, 1565, 800, 1650, 1674, 1692, 1130, 1443, 1446, 1496, 1568, 1620, 1652, 1670, 1686, 735 en su informe de conferencia, 1670, 1370, 1674 y 1180; el Proyecto Sustitutivo del Senado al Proyecto del Senado 1485, los Proyectos de la Cámara 2698, 2732, 2437 y 1133; las Resoluciones Conjuntas del Senado 46, 701, 711, 713, 717 y 624; el Sustitutivo de la Resolución Conjunta del Senado 202 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 841, 882 y 660.
De otra parte, el Senado consintió los nombramientos de Delmarie Vega Lugo y Carlos Ortiz Sued, como jueces superiores del Tribunal de Primera Instancia, así como los de Keila Díaz Morales y José Parés Quiñones, como jueces municipales del Tribunal de Primera Instancia. De igual manera dio el visto bueno a las nominaciones de Vanessa Bayonet Tartak, como Registradora de la Propiedad, en renominación y Rosa Rodríguez Vélez, como miembro de la Junta Dental Examinadora.
El Alto Cuerpo también otorgó avaló los nombramientos de Madellyn Figueroa González, como jueza administrativa de la Administración para el Sustento de Menores, así como los de José Sagardía De Jesús, Carmen Sanfeliz Ramos y María Silva Coll, como Procuradores de Menores. Alma De Pedro Montes, María Orsini Candal, Gretchen Pérez Catinchi y Glorimar Puig Díaz, recibieron la venia senatorial como Procuradores de Asuntos de Familia.
Por otra parte, se aprobó el nombramiento de Ángel Rivera De La Cruz como comisionado asociado de la Comisión de Energía, en renominación. El Senado de Puerto Rico recesó sus trabajos hasta el miércoles 22 de junio a las 3:00 de la tarde.
