Senado aprueba extender moratoria al pago de la deuda

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El Capitolio- Tras un extenso debate de cerca de tres horas y con 21 votos a favor, el Senado dió su consentimiento hoy al Proyecto de la Camara 675 , que mantiene la suspensión del pago de la deuda pública hasta el 1 de mayo próximo para garantizar los servicios esenciales a la ciudadanía y evitar un cierre gubernamental.  La vigencia se podrá extender una sola vez por tres meses adicionales. Todo esto sin menoscabar las facultades de la Asamblea Legislativa.

 

La ley vigente expira el 31 de enero de este año. Según trascendió hoy en medios de comunicación nacional, la Junta de Control Fiscal (JCF) concedió a la presente Administración tiempo adicional para presentar el plan fiscal. A más tardar deberá estar listo el 28 de febrero próximo.  También,  aprobó extender hasta el 1 de mayo la fecha de vencimiento de la moratoria.

 

Ante las alegaciones de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD) de que esta medida fue presentada de forma expédita el Presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ripostó que contrario a la aprobación de la Ley de Moratoria el año pasado, en esta ocasión el Alto Cuerpo realizó vistas públicas, no se descargó la medida en la madrugada, se emitió un informe con enmiendas y se otorgó “amplia oportunidad para que lo leyeran”.

 

En su amplia exposición de cerca de 30 minutos en la que expuso las diferencias entre el Proyecto de la Cámara 675 y la Ley de Moratoria aprobada en la pasada admnistración, Rivera Schatz sentenció que la ley aprobada el año pasado “era la hija de aquella expresión notoria y lapidaria del gobernador de entonces ‘Me vale’ porque querian incumplir con el gobierno de Puerto Rico. No querian pagar y le decían al pueblo ‘a bueno lo que pasa es que si yo tengo que escoger entre pagar a los acreedores o al pueblo yo le voy a pagar al pueblo’. Miren como le pagaron”, en alusión a la entrega tardía de los reintegros a los contribuyentes, retensiones de empleados gubernamentales al Sistema de Retiro y falta de pagos a suplidores.  “Entonces hoy aquí pretenden hacer un ejercicio de que la gente interprete que la Ley de moratoria hija del ‘me vale’ es similar al proyecto que tenemos ante nuestra consideración que es todo lo contrario. La ley que presenta el Gobernador de Puerto Rico es la ley del cumplimiento: palabra que no estaba en el diccionario del gobierno popular”, dijo.

 

“Desde que el Gobernador de Puerto Rico juramentó hemos trabajado incesantemente y aprobado legislación de manera expedita y con el carácter de urgencia que requeria que lo hicieramos. En eso el Gobernador tiene nuestro apoyo pero esa rapidez no sustituyó el análisis y no evadió que las partes interesadas y que los conocedores de las materias pudieran aportar. Las medidas han sido enmendadas porque han sido discutidas, analizadas por la Cámara, el Senado y otras personas que han tenido la oportunidad de participar. Hoy cuando discutimos este proyecto le podemos decir al pueblo de Puerto Rico que ellos no querian pagar, nosotros queremos cumplir. Ellos no hicieron vista pública, nosotros sí. Ellos no consultaron a nadie, nosotros sí.  Ellos no leyeron el proyecto, nosotros sí. Ellos renunciaron a las facultades de la Asamblea Legislativa, nosotros no. Ese es el récord”, añadió el Líder senatorial.

 

Ante esto, el expresidente senatorial Eduardo Bhatia comentó que la extensión de la moratoria “es una reivindicación” al objetar la misma al igual que senadores de la delegación PPD. Sin embargo, el senador José Nadal Power, a pesar de informar sus preocupaciones, adelantó en su turno que le votaría a favor porque “la moratoria es necesaria”. Por su parte, el senador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Santiago declaró que “el problema de esta ley de moratoria es que nadie puede servir dos amos”.

 

En resumen, el proyecto cameral, que no menoscaba las facultades de la Asamblea Legislativa y que deberá estar escrita en inglés y español, permitirá alterar el orden constitucional para emitir pagos y las leyes vigentes para asegurar en primera instancia los servicios a la población.  También, permite nombrar síndicos para dependencias en estado de emergencia así como nombrar recursos según sea necesario.  Asimismo, le otorga al Ejecutivo la potestad de vender, alquilar, traspasar, asignar o transferir activos y obligaciones de una entidad  gubernamental de acuerdo al  “ordenamiento jurídico vigente” y sin “poner en peligro” la salud, bienestar de los residentes de la Isla o afecta “inconstitucionalmente un bono, pagaré, valor u obligación legal no impugnada de una entidad del Gobierno”.  También estará en manos del Gobernador aprobar o desaprobar la emisión de obligaciones de una entidad gubernamental de la Rama Ejecutiva sin trastocar la partida asignada al pago de nómina, costos relacionados y utilidades.

 

De otra parte, se autoriza a entidades gubernamentales de la Rama Ejecutiva tomar dinero en préstamo pero “estas acciones sólo se podrán realizar sujeto al ordenamiento jurídico vigente”. La versión aprobada elimina el estatuto en el que se le autorizaba al Gobernador la redesignación de fondos especiales que no se consideran parte del Fondo General.

 

También, el Alto Cuerpo legislativo dio paso al Proyecto del Senado 6, según enmendado, que tiene el propósito de crear la (ODSEC) a través de la cual se modernizarán, simplificarán, unificarán y agilizarán los procesos y servicios gubernamentales en aras de lograr el desarrollo pleno de las Comunidades para que junto al tercer sector “sean motor de su propio desarrollo” en el que el gobierno servirá de enlace y promotor de alianzas con el sector público y privado.

 

En la presentación del informe positivo, el presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, Miguel Romero Lugo, declaró que “este gobierno ve imperante la necesidad de reforzar la estabilidad…y que se fortalezca el tercer sector y nuestras comunidades…De esta forma ayudamos a erradicar la pobreza y le hacemos justicia al liderato comunitario”. En su alocución Romero Lugo indicó que la protección a las comunidades “están ahí” ya que “prevalecen” las consultas a las comunidades en caso de expropiaciones.  También, agradeció al senador José Vargas Vidot sobre su participación en las vistas y sugerencias que remitió para “mejorar el proyecto”.

 

El senador José Vargas Vidot comentó que esta medida “recibió tratamiento y empezó a ser parte de una consideración permanente de la comunidad” y “ha habido un trato responsable sobre esto…La comunidad no habrá de perder lo que piensa que puede perder. Lo que justamente podía perder”. En una reflexión sobre el estatus de las ‘Comunidades Especiales’, el presidente de la Comisión de Iniciativas Comunitarias sentenció que se convirtió en una “alcancía de lo inesperado”. “Cualquiera que decidió meter las manos lo hizo para sufragar proyectos de agendas que no tenían que ver con la comunidad. Las llamadas ‘Comunidades Especiales’ quedaron en un letrero. En un letargo”, declaró.

 

Por su parte, el Presidente del Senado dijo que esta medida es un “rediseño” para hacerlo efectivo “sin quebrar los recursos del gobierno como ocurrió entre los años 2001-2004. No se trata de colocar rótulos. Se trata de llevarle fe, esperanza y acción. Se trata de que cualquier ciudadano que resida en una de estas comunidades entienda que puede participar, aportar y colaborar en el levantamiento de su comunidad y que puede de alguna manera entender y vivir aquel sueño de don Luis Ferré de que pueda desarrollarse al máximo en sus capacidades aquí en Puerto Rico”.

 

El Proyecto del Senado 6 recibió 21 votos a favor y ocho en contra.

 

El Senado dio su aval a las Resoluciones de investigación 2, 11, 22 y 36. El Alto Cuerpo concurrió con las enmiendas sometidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 21.

 

El Senado concluyó sus trabajos a las 11:15 p.m.  La sesión se reanudará el jueves, 2 de febrero a la 1:00 p.m.

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