El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Larry Seilhamer Rodríguez, denunció el jueves que el Proyecto del Senado 1523, aprobado en el Alto Cuerpo, para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) representa un aumento a la factura de la luz y no contempla un balance ya que la protección es para los acreedores y el riesgo para los consumidores residenciales, comerciales e industriales.

“Las consecuencias de este proyecto es la inminente alza tarifaria de energía eléctrica, precisamente el capítulo de Titulización lleva obligatoriamente a un aumento en la tarifa lo que será el colapso de nuestra economía”, sostuvo Seilhamer Rodríguez en un comunicado de prensa.

Añadió que, “el pago de la nueva emisión se garantiza con el aumento en la factura a los clientes de la Autoridad por los próximos 35 años”.

Por otro lado, el senador dijo que el riesgo es para el pueblo, no para los inversionistas y que se cerró la participación a la minoría legislativa. “Son los clientes residenciales, comerciales e industriales quienes llevarán la peor parte. Tengo que advertir que tanto la tarifa estructurada como la de Titulización entrarán en vigor, según el cálculo por las disposiciones en el proyecto, después de las elecciones generales de noviembre. Tengo que denunciar también que para el análisis de una medida tan compleja como es esta, la mayoría legislativa del Partido Popular Democrático (PPD) solo realizó una vista pública y la minoría no fue considerada en las reuniones para trabajar enmiendas y para la evaluación del proyecto”, advirtió.

De igual forma, el portavoz del PNP indicó que este proyecto establece un precedente negativo para las futuras negociaciones con acreedores de Puerto Rico. “El equipo económico del gobernador está negociando con bonistas de COFINA y los que tienen protecciones constitucionales un recorte de la deuda de entre 30 y 40 por ciento. Sin embargo, este proyecto establece un recorte de solo 15 por ciento de la deuda a los acreedores de la AEE”, comunicó.

Finalmente, Seilhamer Rodríguez señaló que la medida también contempla una Junta cuyos miembros son seleccionados por una empresa privada.

“El gobernador tendrá que seleccionar seis personas de una lista que le someta esa firma privada. No sabemos a quién responde esa compañía y esto definitivamente le resta poderes constitucionales al Ejecutivo y Legislativo porque usurpa la facultad de nombramiento y el ejercicio de consejo y consentimiento que tiene el gobernador y la Asamblea Legislativa. Además en momentos que se les recorta mediante la Ley 66 derechos adquiridos a los empleados públicos, se legisla una compensación que no se establece en el proyecto ni mucho menos si habrá un tope. En tiempos de crisis económica, esta es una medida nefasta que representará un duro golpe al pueblo”, alegó.