El aspirante a la gobernación Ricardo Rosselló Nevares dijo el jueves que entre otras cosas el calificativo de “loco” a los que entienden que el estatus de Puerto Rico es el principal problema de la crisis fiscal, no le permite aceptar una reunión con el gobernador Alejandro García Padilla.

“Esto no es una reunión para buscar consenso. El lunes, cuando estableció la convocatoria, el gobernador dijo, que los que pensaban que el estatus era parte del problema estaban locos, así mismo lo dijo. Yo he establecido claramente desde el principio que el estatus tiene que ser parte de la solución. Pues ¿qué tipo de invitación es esa? ¿Qué tipo de respeto, y cómo vamos a llegar a un acuerdo de esa índole?”, cuestionó Rosselló Nevares en conferencia de prensa.

El aspirante a la gobernación insistió en que no comparte algunos de los puntos por los que el gobernador pretende llegar a un consenso. Específicamente, entiende que García Padilla lo que busca es el impago.

Cuestionado sobre qué alternativas concretas propone para los pagos de las deudas que vencen en mayo y julio, expuso que “hay que sentarse de buena fe a negociar con los acreedores”.

De paso cuestionó por qué no se han hecho públicas las propuestas que según él han hecho los acreedores de bonos del gobierno.

El jueves, García Padilla separó el horario de las cinco de la tarde para reunirse con el aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP). Acudió, según fue invitada: María de Lourdes Santiago. El miércoles se reunió por separado con los candidatos independientes a la gobernación, Manuel Cidre y Alexandra Lúgaro, además, sostuvo una reunión con el candidato a la gobernación por el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Rafael Bernabe. El martes, hizo lo propio con el aspirante a la gobernación por el PNP y comisionado residente, Pedro Pierluisi y el candidato a la gobernación y presidente del Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier.

La idea es acordar unos puntos de consenso para evitar la imposición de una Junta de Control Fiscal federal que menoscabe las prerrogativas del gobierno electo en Puerto Rico.