BUENOS AIRES, Argentina (CyberNews) – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció el miércoles, que firmó los proyectos de la Cámara 342, 507 y 873, los cuales proveen derechos y medidas de seguridad a los confinados, a las víctimas de delito y a las víctimas de maltrato.

“El sistema de corrección debe tener presente el elemento de rehabilitación para permitir al exconfinado reinsertarse efectivamente a sus comunidades sin reincidir en la delincuencia”, señaló el primer mandatario en declaraciones escritas.

Explicó que el Proyecto de la Cámara 342, de la autoría de la representante María Milagros Charbonier Laureano, amplía la gama de servicios educativos y de empleo a los que un confinado tendrá acceso. Además, establece que los confinados deberán tener acceso a su información médica y a información relacionada a sus derechos y obligaciones en la institución correccional.

La representante Charbonier Laureano se expresó agradecida con la firma del proyecto e indicó que “con la firma de esta ley, permitimos a nuestros confinados que se preparen adecuadamente para que puedan ser ciudadanos de provecho una vez sean reinsertados en la sociedad”.

Por otro lado, se anunció la firma del Proyecto de la Cámara 507, de la autoría del representante, Luis “Junior” Pérez, que requiere a las corporaciones acusadas de delito presentar un acuerdo de divulgación (disclosure agreement) en el que indiquen si hay alguna corporación matriz, subsidiaria o afiliada que posea 10 por ciento o más de sus acciones.

De esa manera, se sigue el modelo de la jurisdicción federal para informar este tipo de modelo corporativo, a fin de que la víctima de delito conozca cualquier relación de la empresa con otras entidades y con los actores del sistema judicial.

El representante Pérez Ortiz señaló que “con esta legislación se evitan conflictos éticos de los magistrados, además de brindar mayor transparencia y confiabilidad al proceso judicial. Esto, ya que se estipulan las guías mínimas para que un juez pueda inhibirse en un caso, si alguna corporación en la que tiene participación posee el 10 por ciento o más de las acciones en la corporación que es parte en el pleito ante su consideración”.

Finalmente, Rosselló Nevares firmó el Proyecto de la Cámara 873, de la autoría del representante Urayoán Hernández Alvarado, que faculta a los trabajadores sociales escolares radicar querellas en la Policía de Puerto Rico cuando identifiquen situaciones donde exista o se sospeche que exista maltrato o negligencia.

El gobernador expresó que “en la actualidad, si un trabajador social identifica una situación de maltrato o negligencia tiene que referir el caso al Departamento de la Familia para su evaluación. Esta medida elimina parte de la burocracia para una acción más inmediata en lo que el Departamento de la Familia toma otras medidas para atender la situación”.

Por su parte, el representante Hernández Alvarado sostuvo que “cuando se trata de la seguridad de nuestros niños, cada segundo cuenta. Al permitir que los trabajadores sociales radiquen querellas directamente, se podrá atender el maltrato temprano y antes de que pueda ocurrir un suceso lamentable”.