Romero Barceló y PIP presentan enmiendas a proyecto de plebiscito de estatus

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El Capitolio– Realizar un plebiscito de estatus con alternativas no coloniales y no territoriales el 4 de junio de 2017 y no a finales del próximo mayo. También, solicitar al Gobierno federal que actúe de forma inmediata para comenzar un proceso de transición que culmine el estado colonial con un calendario específico a mas tardar en noviembre de 2020 son solo algunas de las enmiendas que sometió esta tarde en vista pública el exgobernador Carlos Romero Barceló  sobre el Proyecto del Senado 51.

 

La medida también fue favorecida con enmiendas por el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Rubén Berrios Martínez porque “no podemos dejar pasar esta oportunidad” por  lo que sometió enmiendas para ser consideradas por la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas que lidera el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, autor del proyecto en discusión. Aunque Romero Barceló sugirió que se atrase la fecha del plebiscito,  Berrios Martínez señaló que las fechas propuestas “no deben servir de impedimento para alcanzar acuerdos consensuados y la debida participación”.

 

El exgobernador Romero Barceló sentenció que se debe solicitar al Congreso “que actúe con rapidez y que se apruebe el proceso legislativo se lleve a cabo por el sistema que se denomina ‘fast track’. Después de 100 años de habernos privado de nuestro derecho al voto y de representación en el Congreso nuestra nación, cuatro años para aprobar el proceso de admisión y hacerlo realidad es más que razonable”. La medida actualmente establece que, una vez se lleve a cabo el plebiscito, el Gobierno federal debe comenzar el proceso de transición con un calendario que no exceda el 31 de diciembre de 2024.

 

Según Romero Barceló el proyecto senatorial contiene reclamos y exigencias “como ningún otro proyecto anterior”. El ex primer mandatario insistió en que la medida es un “reclamo de igualdad, de pie y no de rodillas” y alegó que “hacía falta una ley de plebiscito agresiva que ayude a mover el Congreso y la Casa Blanca”.

 

Por su parte, el exsenador  Berrios Martínez sentenció que ninguna forma de coloniaje “puede ser considerada como alternativa y de agrupar inicialmente a la independencia y la libre asociación como las dos modalidades de lo que con propiedad debe titularse ‘soberanía propia o soberanía nacional puertorriqueña’. Basta ya de ambivalencias”. Por tanto, solicitó que la independencia o la libre asociación sean agrupadas como fórmulas de soberanía nacional puertorriqueña. Sin embargo, subrayó que el término ‘libre asociación’ debe ser lo “más flexible e inclusivo posible” para que quienes defienden esta opción estén representados.

 

“El mudo ya comenzó a hablar pero no se puede descartar que empiece a decir disparates…Si le conviene. ¿Cómo enfrentaría, entonces, el gobierno de Puerto Rico semejante atropello? Sería esa la prueba de fuego. Ante semejante potencial atropello, esta Legislatura debe seguir adelante con el plebiscito excluyendo cualquier alternativa colonial”, declaró Berrios Martínez.

 

Rivera Schatz sentenció que “entre ser independentista y no serlo no hay puntos medios. Entre ser estadista y no serlo no hay puntos medios. Habrá quien trate de divagar y habrá quien piense que dependemos sólo de que el sordo escuche o de que el mudo hable (citando a Rubén Berrios). Lo que no es opción es no hacer nada. Lo que queremos es que se resuelva el asunto y si ellos no actúan pues actuamos nosotros”.

 

Uno de los deponentes, el exsenador popular Marco Rigau favoreció la ‘libre asociación’ aunque admitió que puede vivir con la independencia o con la estadidad. Rigau dijo que la postura del Partido Popular Democrático (PPD) de defender la colonia “es inaceptable. Mi opinión es que la libre asociación es lo que va a quedar”.

 

Otra de las enmiendas sometidas por el PIP es que en el proceso de descolonización no se consulte la opinión del Secretario de Justicia federal porque si hasta el momento Puerto Rico es una colonia “ha sido por voluntad de Estados Unidos”. Por esta razón, indicó que existe “la posibilidad”de que al ser consultado sobre este plebiscito indique que deba incluirse las alternativas territoriales que proponga el Estado Libre Asociado (ELA).

 

Este punto fue objetado por el expresidente del Senado, Antonio Fas Alzamora quien resumió el ‘Pacto de Asociación’ que presentó al País en el 2010. “Estoy convencido de que este Pacto de Asociación representa la solución más completa, sensata y viable al problema político y económico del País”, dijo.

 

El Proyecto del Senado 51 propone establecer la ‘Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico’ así como las reglas para la realización de consultas electorales que cumplan con la propuesta del Gobierno federal en la “Ley Pública federal 113-76 de 2014” que asigna $2.5 millones para proponer otra consulta electoral a discreción del gobierno de la Isla. Según dispone la pieza legislativa, de esta manera se ofrece a los ciudadanos la oportunidad de votar en un plebiscito de estatus, a celebrarse el 28 de mayo de este año, por alternativas no coloniales y no territoriales revisadas y certificadas por el Departamento de Justicia Federal que sean compatibles con la Constitución de Estados Unidos y con el Derecho Internacional.

 

Aunque en la mañana de hoy los exgobernadores vinculados con el Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal Acevedo Vilá, Alejandro García Padilla y Rafael Hernández Colón expresaron sus reparos con la medida, en la tarde el exrepresentante Héctor Ferrer presentó formalmente la opinión del PPD.

 

Según Ferrer Ríos el plebiscito propuesto es “anti-democrático porque no permite participar a todas las alternativas que han reconocido los diversos informes emitidos por los grupos de trabajo de la Casa Blanca, el Congreso y por las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidos (ONU)”. Opinó que que el PPD está convencido como institución que se repetirán los “errores”de los plebiscitos celebrados en el 1998 y el 2012.

 

La pieza legislativa fue favorecida por el gobernador Ricardo Roselló Nevares quien depuso esta mañana así como por la organización ‘Igualdad futuro seguro’ representada por su directora ejecutiva Anabel Guillén Casañas.

 

La audiencia pública duró 10 horas corridas. Comenzó a las 9:00 a.m. y culminó a las 6:50 p.m.

 

Las vistas públicas del Senado se transmiten por el canal 10 de Liberty. Para más información sobre esta audiencia pública así como las actividades del Senado acceda www.senado.pr.gov y las redes sociales www.facebook.com/SenadoPuertoRico y www.twitter.com/SenadoPR.

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