A casi dos años de la aprobación de la ley PROMESA y la imposición de una Junta de Control Fiscal, Puerto Rico todavía no ha visto una auditoría sobre la deuda pública que evidencie sin lugar a dudas qué parte de la deuda se contrajo legalmente

POR  LUIS J. VALENTÍN ORTIZ

Un mural de fondo negro y letras blancas adorna en estos días la Avenida Baldorioty de Castro en San Juan, a la altura de la calle De Diego. “¡Auditoría ya, mamabichxs! A ciegas no”, dice.

Su reclamo gira en torno a la deuda pública: Puerto Rico todavía espera por una auditoría de los miles de millones de dólares que el Gobierno emitió en deuda y sobre los cuales aún debe más de $70,000 millones, que se suman a otros $50,000 millones que adeuda a sus pensionados.

La falta de este ejercicio cobra mayor urgencia en momentos en que la Junta de Control Fiscal, el Gobierno y los principales acreedores del país negocian a puerta cerrada la reestructuración de deuda más grande del mercado de bonos municipales de Estados Unidos. Esta pasada semana, se anunció un acuerdo preliminar que daría fin a una de las disputas más críticas en el proceso de quiebra de Puerto Rico: cómo se repartirán los recaudos futuros del IVU por los próximos 40 años. Casi la mitad del impuesto de 11.5% permanece comprometida con el pago de la deuda de COFINA. Desde el comienzo de la quiebra y de las alegaciones de ilegalidad de esta deuda, tanto el Gobierno como los bonistas han estado encontrados sobre a quién le pertenece el dinero del IVU.

¿Se firmarán acuerdos con los acreedores sin una auditoría integral e independiente sobre la deuda de Puerto Rico?

Además de países como Ecuador, Brasil y Francia, jurisdicciones en Estados Unidos como Detroit y Jefferson County, Alabama, apuntaron a la ilegalidad de parte de su deuda durante sus procesos de reestructuración, lo que dejó a estos gobiernos en mejor posición para negociar con sus acreedores y así poder dirigir más recursos a servicios esenciales.

Son varios los actores que buscan investigar la deuda pública y la crisis fiscal que enfrenta Puerto Rico. No todos tienen el mismo alcance, propósitos, motivación o recursos para llevarla a cabo.

La Junta de Control Fiscal

Los abogados del Gobierno ya admitieron que parte de la deuda de Puerto Rico es ilegal. A finales del año pasado, establecieron que la emisión del 2008 de bonos del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno (SRE) “nunca fue autorizada para emitir deuda”, la cual suma más de $3,000 millones. La derogada Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público divulgó dos informes preliminares en el 2017 que señalan la posible ilegalidad de varias emisiones de deuda por violar disposiciones de la Constitución de Puerto Rico tales como cumplir con el límite de la deuda y responder a presupuestos balanceados.

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