(San Juan, PR- 15 de mayo de 2020) El portavoz alterno del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Luis Cruz Burgos, anunció hoy que junto a miembros de su delegación y el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Dennis Márquez, radicaron un proyecto de ley para proteger los derechos de los trabajadores despedidos durante la declaración de emergencia por el Covid-19.
El Proyecto de la Cámara 2517, propone añadir un artículo a la Ley 4-2017 conocida como la “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral” a los fines de establecer que aquellos empleados que sean despedidos durante la declaración de emergencia del año 2020, que comenzó en el mes de marzo, y hubieran sido contratados antes de la vigencia de dicha ley, mantendrán su estatus de beneficios y protecciones laborales de empleo según se establece en el Artículo 1.2 de la Ley 4-2017.
“La Ley 4-2017, establece los derechos y deberes básicos de un empleado en ciertas circunstancias, entre las que no se contempla un cierre de operaciones decretado por el gobierno. Todos los cambios que trajo la Reforma Laboral, entre otros de protecciones de empleo, como los relacionados al contrato de empleo probatorio, quedan extintos para aquellos empleados que han sido despedidos bajo la declaración de emergencia provocada por la pandemia de COVID-19 y la orden de cierre total decretada por el gobierno de Puerto Rico”, explicó Cruz Burgos.
Asimismo el Representante del PPD sostuvo que “si una empresa realiza cambios en los contratos de los empleados antes de la vigencia de la Ley se considera como una práctica ilegal. Si un empleado es despido, destituido o suspendido indefinidamente, para contratarle nuevamente o sustituirlo con otro empleado para que la acumulación por concepto de licencia de vacaciones y de enfermedad sea conforme al esquema establecido en la Reforma Laboral es un acto ilegal que constituye delito”.
Por esto, la medida establece que los empleados deberán mantener intactos sus beneficios de vacaciones y enfermedad.
“Nos enfrentamos a una situación de salud sin precedentes que ha intensificado la crisis económica de la isla, y es nuestro deber proteger los derechos de los trabajadores. Un cierre provocado por una pandemia y los efectos de la misma y de las medidas de distanciamiento social establecidas por el gobierno, no deben tener el efecto de privar de derechos a miles de empleados del sector privado”, manifestó el legislador.
La medida tiene también como co-autores a los representantes Jesús Manuel Ortiz, Angel Matos, Carlos Bianchi y Aníbal Díaz,
