Representantes PPD reclaman al gobernador acciones concretas contra el crimen

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8 de enero de 2019-San Juan – Los representantes Jesús Manuel Ortiz, Carlos Bianchi Angleró, Ramón Luis Cruz, Luis Vega Ramos y Aníbal Díaz reclamaron hoy al gobernador Ricardo Rosselló a que encamine acciones concretas para detener la ola de violencia y por ello, presentaron iniciativas inmediatas para encaminar una acción coordinada y efectiva entre las agencias de orden público.

 

Entre las medidas que los legisladores propusieron esta: enviar a la calle a los efectivos de las Unidades de Operaciones Tácticas, SWAT; y la división de Seguridad y Protección – que suman unos 125 efectivos y que permanecen acuartelados la mayor parte del tiempo – para reforzar la vigilancia preventiva en áreas de alta incidencia criminal, zonas turísticas, de alto movimiento de ciudadanos tales como los centros comerciales, escuelas, gasolineras, vías públicas, bancos y zonas comerciales.

 

Asimismo, los legisladores del PPD exigieron que la Administración de Vivienda Pública debe ordenarle a toda compañía privatizadora que establezcan planes de vigilancia y contraten seguridad privada para el entorno residencial, las zonas comunales, y las escuelas que estén dentro de sus respectivos perímetros en los proyectos de vivienda y se establezca un procedimiento expedito para que se atiendan las  solicitudes de controles de acceso a las urbanizaciones y se otorguen permisos provisionales en periodos de 48 horas.

 

Sobre el uso de tecnología, los legisladores del PPD reclamaron la reactivación del programa de detección de disparos conocido como “shotspotter”, la ampliación del programa Compstat que identifica patrones de conducta criminal y acelera el esclarecimiento de casos; además, que se revisen los sistemas de vigilancia electrónica a los acusados de delitos violentos que estén bajo fiadores privados o bajo fianzas diferidas por OSAJ; que se refuerce la Superintendencia Auxiliar de Investigación Criminal que está prácticamente paralizada y se reactiven las academias de fiscales para aumentar los esclarecimientos de casos.

 

Además, propusieron que se retome la discusión seria, con expertos y desde una perspectiva multidisciplinaria, de posibles enmiendas a la Ley de Armas para proteger a la ciudadanía contra incidencias de  disparos en áreas públicas, enmiendas a las Reglas de Procedimiento Criminal sobre el uso de grilletes electrónicos, declarar un estado de emergencia para la atención de los rape kits que esclarezcan más de 2,000 casos atrasados de violaciones y agresión sexual; y se busquen opciones para aumentar los técnicos de balística y con ello mejorar los procesos del Instituto de Ciencias Forenses.

 

También urgieron a que se examinen alternativas para mejorar las condiciones de trabajo de los policías, en especial los reclamos sobre su sistema de retiro y su seguro por incapacidad.

 

El representante Ortiz, quien había solicitado al gobernador en febrero de 2018 la convocatoria a una cumbre de seguridad, sostuvo que para que la Cumbre que el Primer Ejecutivo pretende convocar sea efectiva, deben incluirse a los alcaldes, los jefes de agencias de seguridad pública, expertos en el tema de seguridad dentro y fuera del gobierno, la academia, las organizaciones de fiscales, las agencias federales, legisladores, las organizaciones que agrupan a los Policías y a todos los pasados superintendentes de la Policía, los ex Secretarios de Justicia y Corrección.

 

“Puerto Rico vive una emergencia de seguridad pública. La impunidad es la ley en la calle pues el estado no puede garantizar orden ni esclarecimiento de casos bajo las circunstancias actuales de las agencias de seguridad. Nos alegra que el gobernador finalmente haya aceptado que necesita la ayuda de todos los sectores para atender este problema. Lo exhortamos a que sea inclusivo en esa discusión y a que la misma no se quede en un mero ejercicio fútil, sino que se traduzca en ejecución de estrategias para atajar esta alarmante ola criminal. Aquí incluimos algunas sugerencias. El país no puede esperar más”, sentenció Ortiz González, Portavoz del PPD en la Comisión de Seguridad Pública”, sentenció Ortiz González.

 

Por su parte Bianchi Angleró resaltó que la población está atemorizada debido al incremento desmedido de los asesinatos y robos de vehículos en los primeros días del nuevo año. “Nuestras calles son tierra de nadie y el gobierno parece no reaccionar. Si esta cumbre de seguridad se realizará con la intención real de buscar alternativas tiene que incluir a los alcaldes y legisladores. Que el gobierno admita que no tiene un plan y permita que juntos busquemos alternativas a este serio problema. El Gobernador es responsable por la seguridad de todos los puertorriqueños”, manifestó.

 

 

Del mismo modo, Cruz Burgos, portavoz alterno del PPD manifestó que  “por más de un año hemos planteado opciones para atajar la preocupante ola criminal que arropa al país, en más de una ocasión legisladores de minoría y mayoría hemos coincidido en que no ha habido respuesta efectiva por parte de Fortaleza para atender el asunto. La realidad que vive el país es distinta a los “casos aislados” que ven Pesquera y Rosselló, aquí no hay plan, no hay estrategias, no hay política pública, y cada día empeora más la situación. Gobernador es hora que deje los tweets de “indignación” y haga caso a las propuestas que se le plantean.”

 

El representante Vega Ramos enfatizó que “ha llegado el momento que el gobernador Rosselló se distancie de la desacertada estructura presupuestaria que acordó con la Junta de Control Fiscal y que en palabras del propio Secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera resulta insuficiente e inadecuado para atender las necesidades de seguridad y orden de los puertorriqueños. La Junta y el gobernador deben de cara a la cumbre propuesta identificar y acordar la redirección de partidas que no afecten servicios esenciales, incluyendo parte de los recursos multimillonarios que le han sido asignados a la propia Junta para atender esta crisis. Esto es de particular importancia para la Policia, sino para Ciencias Forenses, cuyo funcionamiento es esencial para esclarecer delitos, que es la única forma de reducir la incidencia criminal. No estar dispuesto a esto es no querer tomar acciones concretas para atender la situación”, dijo Vega Ramos, quien es portavoz PPD en la Comisión de lo Jurídico.

 

Por otro lado el Representante Aníbal Díaz recordó que durante el cuatrienio del 2013 al 2016, se registró la reducción más grande de los delitos Tipo 1, incluyendo los asesinatos, por la ejecución de un plan anticrimen bien pensado. En ese cuatrienio, se redujeron los asesinatos a las cifras más bajas en 22 años y los escalamientos a las cifras más bajas en tres décadas.

 

“La gente en la calle se siente insegura ante la rampante ola criminal que vivimos. El gobierno tiene que actuar contundentemente para garantizar un servicios básico como la seguridad en nuestras calles. Basta de negar la realidad y poner excusas para cumplir con su responsabilidad”, indicó.

 

Durante el 2013 y el 2016, se logró la reducción más grande en todos los delitos debido a que existía un plan anticrimen coherente que se implantó exitosamente. En aquel momento los que se negaban a reconocer ese éxito señalaban demagógicamente que las bajas en el crimen eran cíclicas y sólo se debían a la reducción poblacional. Sin embargo, la realidad actual demuestra que esos argumentos eran falsos, porque al presente, tenemos un alarmante aumento en los asesinatos y carjackings a pesar de que tenemos una población significativamente menor a años recientes. Sencillamente el Departamento de Seguridad Pública ha sido un fracaso y no existe un plan anticrimen”, indicaron.

 

Durante la administración de Alejandro García Padilla, se enmendó la Ley de Armas para eliminar los programas de desvió en las alegaciones pre-acordadas para delitos de armas ilegales lo que permitió sacar de la calle a más de 200 convictos por ley de armas muchos de ellos con record criminal.  Igualmente, se aumentaron los esclarecimientos de 42% a un 68% y las convicciones de 73% a 92%.