La presidenta de la Comisión sobre los Derechos del Consumidor, Estrella Martínez Soto catalogó ayer, miércoles, como contradictorias las acciones tomadas por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para atender el posible cobro indebido o en exceso por concepto de tablilla y marbete, por parte de los concesionarios de venta de autos.

El señalamiento de Martínez Soto se dio durante una vista pública que recibió la comparecencia de la subsecretaria del DACO, Lisoannette González para discutir la problemática que afecta a miles de consumidores.

Martínez Soto argumentó en un turno que “por un lado, DACO se niega a emitir sanciones administrativas a los concesionarios de venta de autos que han cobrado a clientes de manera ilegal. Mientras, al mismo tiempo, vienen a la vista pública a reconocer que esta problemática afecta de forma continua a los consumidores, y que significa el cobro ilegal de miles de dólares por parte de los concesionarios de autos”.

Durante la vista pública, González leyó la ponencia de el DACO, en la que el secretario Hiram Torres Montalvo expresó que “atenderá toda inquietud y/o reclamación de forma “caso a caso”. “Mientras continuemos (observando el cumplimiento del sector comercial, no entendemos necesaria la imposición de sanciones administrativas”, reza el documento firmado por el Secretario de DACO.

“A través del método “caso a caso” no le hacemos justicia a los miles de compradores que han pagado por desconocimiento una cifra promediada ascendente a $500, cuando el reglamento número 9158 del propio DACO establece claramente que un concesionario de autos no puede cobrar más de $244 por concepto de tablilla y marbete de unidades nuevas. DACO debe adoptar mecanismos más agresivos para que se le devuelva el dinero a la gente que ha sido estafada y engañada. Es deber del DACO facilitar la justicia y no dilatarla a través de procesos administrativos lentos y poco efectivos”, destacó Martínez Soto.

Actualmente, DACO cuenta con 5 oficinas regionales ubicadas en San Juan, Ponce, Caguas, Mayagüez y Arecibo, que atienden las querellas y reclamaciones de los consumidores.

Según datos compartidos por la subsecretaria del DACO, en San Juan, a la fecha del 28 de marzo, se han recibido 1,441 querellas online, de las cuales 244 se han convertido en querellas. González indicó que en la ciudad capital también quedan 346 reclamaciones por evaluar y han sido devueltas 586 quejas por falta de información.

Al mismo tiempo, indicó que en el Municipio de Ponce se han radicado 72 querellas y hay 350 reclamaciones que están pendientes a ser procesadas. Por otro lado, informó que la oficina de Arecibo ha recibido 271 querellas. En Caguas, se han radicado 115 querellas y 185 están pendientes a ser atendidas. Finalmente, destacó que la dependencia de Mayagüez ha recibido la radicación de 207 querellas. 

A los señalamientos de contradicción en las expresiones de DACO planteados por Martínez Soto, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón coincidió que la solución al problema atendido en vista pública no está siendo atendido de forma “proactiva”.

“De algo que estoy convencido y que me queda claro, luego de haber leído múltiples veces el reglamento del DACO, es que este problema no se puede atender caso a caso…Creo que hay una responsabilidad de DACO y de la Asamblea Legislativa para resolver un gran problema que actualmente está siendo atendido por un proceso que no beneficia al consumidor”, sostuvo Márquez Lebrón.

En la actualidad, además del procedimiento de querella, el DACO habilitó un correo electrónico (tablillas@daco.pr.gov), dedicado a canalizar quejas sobre el cobro indebido o exceso en tablillas y desarrolló un centro de trabajo especial titulado “War Room”, donde personal procesa reclamaciones en la región de San Juan. 

“Es positivo que el DACO esté desarrollando iniciativas. Pero este tipo de problema es uno que está afectando a la ciudadanía a nivel regional. Los mecanismos que están gestionando se van a quedar o ya se quedaron cortos”, destacó Márquez Lebrón.

Presentan casos en los Tribunales para clasificar problemática como pleito de clase

Por otro lado, en la vista pública también participó el licenciado Raphael Peña Ramón, quien ha presentado varios casos en los tribunales del país relacionados al problema del cobro indebido por parte de los concesionarios de autos. 

En total, Peña Ramón ha radicado tres casos contra varios concesionarios de vehículos de motor solicitando que se declarase ilegal unos cobros solicitados por ellos por concepto de tablilla, licencia, marbete, registro ante el Departamento de Obras Públicas (DTOP) y además, que se certifiquen estos casos como pleitos de clase bajo la Ley Núm. 118 de 25 de junio de 1971 conocida como la Ley de Pleitos de Clase por Consumidores de Bienes y Servicios de Puerto Rico. 

“Nuestra intención de que se certifiquen como pleitos de clase es “porque esta práctica ilegal ha afectado a cientos de miles de consumidores de este país a través de varios lustros. Estos casos son los números SJ2017cv00982, FPE2017-0313 y DPE2017-0385, y están presentados ante los Tribunales Superiores de San Juan, Carolina y Bayamón, respectivamente. Los casos, por la naturaleza de todo litigio, se encuentran en distintas etapas procesales”, destacó. 

Peña Ramón especificó que en el caso de San Juan, por conducto de una sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 17 de marzo de 2021, “se determinó que los concesionarios de vehículos de motor no pueden cobrar una cantidad de dinero por concepto de tablillas, licencia o registro en el DTOP toda vez que la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico del año 2000 y varios reglamentos del DACO obligan a las personas que gozan del privilegio concedido por el Estado de vender vehículos de motor a realizar ese registro sin condicionar esta obligación al pago de una cantidad de dinero por parte del consumidor”.

Por su parte, el legislador del PIP instó al DACO a unirse a los casos de Peña Ramón, especialmente los relacionados a la certificación como pleito de clase, como amigos de la corte. 

En su turno, los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) Gabriel Rodríguez Aguiló y José Aponte Hernández invitaron a que el DACO sea más diligente en avisarle a los concesionarios de esta prohibición.

La Asociación de Distribuidores y Concesionarios de Puerto Rico (PRADA) solicitó ser excusada de la vista pública. La organización se limitó a entregar una ponencia escrita. 

“Estaremos evaluando la necesidad de esta Comisión de volver a citar a PRADA. De ser necesario, iremos a los foros pertinentes para que esta Comisión logre atender este problema con la opinión de todas las partes involucradas”, reafirmó la representante Martínez Soto.