EL CAPITOLIO (CyberNews) – El representante y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología, Ramón Luis Cruz Burgos, celebró el miércoles, una vista pública para atender la resolución que investiga el sistema de supervisión electrónica a personas imputadas de un delito.

La Resolución de la Cámara 240, de la autoría de Cruz Burgos busca conocer con “carácter de urgencia”, el funcionamiento del sistema de monitoreo electrónico del Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ), el uso de tecnología de posicionamiento global, la efectividad de las alertas de violación de las zonas de exclusión y el trabajo del Centro de Monitoreo.

‘’En estas vistas públicas no buscamos regañar a nadie, sino que queremos abundar en este asunto para hacer de este Programa uno sumamente efectivo para que las víctimas tengan la seguridad de que sus agresores no sean una amenaza para sus vidas y podamos garantizar la paz y seguridad de estas personas’’, expresó el legislador Cruz Burgos.

El Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) es responsable de la supervisión electrónica impuesta por los tribunales como condición adicional y obligatoria al momento de conceder la fianza a imputados de delito, en los casos en que así se determine.

‘’El servicio de monitoreo electrónico tiene una importancia vital en la seguridad de nuestra ciudadanía, en especial para las víctimas de delito, representando en muchas ocasiones la única salvaguarda que tiene la víctima para poder minimizar el riesgo que representa la presencia de un imputado en la comunidad. Precisamente, en momentos en que la Isla enfrenta un estado de emergencia por violencia de género, y siendo nuestra responsabilidad atender las necesidades de todo el componente de seguridad pública del país, es deber de esta Comisión contar con la información más actualizada sobre el funcionamiento del sistema de monitoreo electrónico del Programa de Servicios con Antelación al Juicio’’, sostuvo Cruz Burgos.

Por otra parte, Janet Rodríguez Robles, directora del PSAJ confirmó que están confrontando problemas frecuentes de corte de grilletes. La funcionaria expuso en la vista que “otra de las situaciones que están enfrentando es la inestabilidad en la señal inalámbrica de los dispositivos en personas que viven en la zona montañosa de la Isla. Es decir, se pierde la señal de los grilletes y, por tanto, no se tiene certeza sobre el paradero de esa persona”.

‘’Las alertas que recibimos cuando ocurre un corte de grillete nos están llegando y, tan reciente como ayer, tuvimos una situación donde pudimos activar el protocolo desde el centro de monitoreo del Departamento para que, tanto la policía municipal y estatal puedan intervenir con el arresto. Sin embargo, tenemos una persona que sigue sin ser encontrada luego de haber cortado el grillete’’, indicó Rodríguez Robles.

Además, Rodríguez Robles añadió que la empresa Track Group, que controla dos tipos de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS, en inglés), su contrato finaliza en junio. El primer sistema se usa para casos por Ley 54 de Violencia Doméstica y monitorea la localización real de la persona imputada con una cobertura 4G. Mientras, el segundo sistema, se emplea en los demás casos, como actos violentos, la libertad supervisada de exconfinados del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y otros delitos. Este último es conocido como “Shadow”.

Por su parte, Cruz Burgos afirmó que se hará una nueva subasta liderada por la Junta de Subasta del DCR para determinar si será Track Group u otra la compañía que continuará monitoreando el sistema de vigilancia electrónica o grilletes electrónicos del DCR.

Anteriormente en una vista pública de la Comisión, Rodríguez Robles, informó que actualmente el Programa monitorea 1,518 personas con grilletes electrónicos. De ese total, 495 casos corresponden a situaciones de violencia de género. La legislación de Cruz Burgos fue presentada en momentos en que la isla enfrenta un estado de emergencia por la violencia de género y feminicidios.

El Programa, según la PSAJ cuenta con 72 personas para monitorear a 1,469 hombres y 49 mujeres con supervisión electrónica.

La comisión cameral igualmente atendió la Resolución de la Cámara 93, de la autoría de Cruz Burgos, para investigar todo asunto relacionado al estado de la seguridad y el orden público en la Isla.