EL CAPITOLIO (CyberNews) – El presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y Estatus de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, advirtió el miércoles, que se debe reevaluar cualquier posible enmienda al proyecto de Reforma Contributiva que contenga la autorización para que las máquinas tragamonedas en la calle paguen premios. 

“Todos ustedes conocen mi posición sobre este tema, la cual ha sido consistente desde que llegué a la Legislatura. Durante las pasadas semanas se ha venido discutiendo públicamente la posibilidad de enmendar la propuesta Reforma Contributiva para incluir una cláusula que permita la operación de máquinas de juegos de azar, las famosas ‘maquinitas’. El argumento detrás de esa iniciativa es que la operación de las mismas generaría alrededor de $100 millones en impuestos nuevos para el erario. Esa premisa es falsa. Todo lo contrario, el uso de estas maquinitas sería nefasto para nuestra economía, destruyendo fuentes de empleo y recaudos, además de aumentar dramáticamente los costos en servicios de salud y seguridad para el pueblo”, explicó Aponte Hernández en declaraciones escritas.

Dijo que, de acuerdo con varios estudios científicos, la prevalencia del juego patológico en los Estados Unidos fluctúa entre el 0.4 al 1 por ciento. Mientras que, en Puerto Rico, la tasa es más alta que en cualquier otra jurisdicción de la nación. Un reporte de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción en el pasado mes de julio, confirmó que el 7.4 por ciento de la población de la isla podría ser jugadores patológicos y un 6.4 por ciento adicional podrían tener problemas con el juego en el transcurso de sus vidas.

Según argumentó Aponte Hernández, la adicción al juego o la ludopatía tiene costos económicos y sociales reales para las personas y las familias, así como para la sociedad. Los costos sociales potenciales asociados al juego pueden incluir incremento en las cifras de violencia doméstica, abuso infantil, divorcios, robos, suicidios, abuso de drogas, bancarrotas, ausentismo laboral, pérdida de productividad, malversación de fondos, fraudes financieros, incrementos en los costos al sistema judicial criminal, entre otros.

“Datos en nuestro poder, que incluyen varios estudios como el citado por el National Coalition Against Legalized Gambling, establece que el costo al gobierno de cada jugador compulsivo ronda entre los 14,006 dólares y 22,077 dólares por año. Esto supera por mucho, cualquier proyección de ingresos que se ha brindado en relación con la operación de estas maquinitas. Por eso, entre otras cosas, nos oponemos a su legalización”, agregó el representante por acumulación.

El legislador dijo, además, que la legalización de estas máquinas, que no es otra cosa que autorizar los juegos de azar fuera de los casinos, propiciaría un aumento en la cantidad de personas que viven al margen de la ley que frecuentan los locales comerciales, principalmente los traficantes y usuarios de drogas ilegales, incrementándose así el problema de incidencia criminal en la Isla, según lo ha expresado la Policía anteriormente, y se agravaría aún más ante la realidad de una fuerza policiaca cada vez menor y con menos recursos.

Por otra parte, sostuvo que la autorización para que estas llamadas maquinitas otorguen premios provocaría un problema mayor por la falta de recursos en la Compañía de Turismo de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda, sin tomar con consideración el número de personas que haría falta para fiscalizarla.

“La realidad es que no tenemos los recursos necesarios para controlar la proliferación de las máquinas de juego, así como tampoco hemos podido garantizar que el requisito de mayoría de edad para utilizar las máquinas de entretenimiento de adultos se cumpla. El gobierno tendría que crear un nuevo sistema de inspección, asignando millones de dólares para el mismo que sencillamente no existen. Los costos superan por mucho, pero por mucho, cualquier alegado beneficio”, sentenció Aponte Hernández.

Enfatizó que un estudio abarcador de la firma Spectrum, encomendado por la Compañía de Turismo en el año 2009, estableció que, con la eliminación de todas las maquinas de la calle, el gobierno podría obtener unos 171.7 millones de dólares adicionales en ingresos.