Representantes del PPD denuncian que el gobierno atenta contra miles de empleos en la agricultura

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SAN JUAN (CyberNews) – El portavoz Alterno del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Ramón Luis Cruz Burgos, junto al representante Aníbal Díaz, denunciaron el miércoles, que la administración de Ricardo Rosselló atenta contra miles de empleos en la agricultura, al eliminar los subsidios salariales.

“Actualmente, hay 1,493 agricultores que reciben el subsidio por salario. Eso se le paga a razón de 300 horas trimestrales por empleado. Esos agricultores, generan 9,266 empleos. Al tu eliminar el subsidio, y sustituirlo por pago por producción, esos empleos dejan de ser costeados por el Estado y los tendría que pagar el agricultor. Cuando el agricultor produzca, entonces recibirían un incentivo por parte del Departamento de Agricultura”, dijo el representante Cruz Burgos en conferencia de prensa.

“Si no tiene la mano de obra paga para poder operar, pues no va a poder producir, porque no tiene manera de costear esos empleos. Aquí los que van a salir beneficiados son los agricultores que producen a gran escala, que son el 20 por ciento en el país. Otro escenario, si el agricultor pierde la cosecha por alguna plaga o por alguna situación atmosférica, no va a tener ningún incentivo por parte del Departamento de Agricultura”, añadió.

Los legisladores del PPD denunciaron  que la administración Rosselló decidió abandonar uno de las herramientas equitativas importantes para asistir en el sostenimiento de sobre 20,000 empleos del sector agrícola, en 21 municipios, principalmente del este, la zona central, así como el noroeste y suroeste de Puerto Rico. En síntesis, Rosselló despojó a los pequeños agricultores del incentivo para mano de obra. Ese incentivo implicaba recibir el pago equivalente de tiempo y medio de cada obrero agrícola en las fincas de los agricultores bonafide. El incentivo era a base de las horas trabajadas por los obreros en nómina irrespectivo del tipo de cultivo o producción agrícola, así como el monto de dicha producción.

“Aplicar un programa de incentivos por producción en plena recuperación tras los efectos de un huracán como María es mortal para nuestra agricultura, los agricultores, sus familias y los obreros agrícolas y sus familias. Una vez más, el gobierno de unos pocos, a costa de los muchos. Una vez más la insensibilidad a flor de piel, como bandera de la administración Rosselló. Se trata de la Ley 7 de los agricultores y la reforma laboral de los obreros agrícolas”, sentenció Matos García.

Asimismo, explicaron que una de las herramientas que posee el gobierno para fomentar que más tierras se dediquen al cultivo de alimentos y la crianza de animales, son los incentivos. Además de esta importante herramienta, el Gobierno cuenta con propiedades que pueden alquilarse a trabajadores y familias para su cultivo, así como el desarrollo de semillas para proveer a los agricultores.

“Esto es otra acción sin sentido y sin interés de proteger a nuestra gente del mismo secretario que recomendó a personas beneficiarias del PAN que fueran a otro lado a comprar productos agrícolas si se los cobraban a sobreprecio”, dijo el representante Díaz.

“El pasado cuatrienio hubo una programación acertada que utilizó al máximo los recursos disponibles con resultados importantes para el sector económico agrícola. De encontrar fincas abandonadas y en desuso, bajo nuestra administración se alquilaron 297 fincas de la Autoridad de Tierras, se renovaron 136 contratos de arrendamiento y se enmendaron otros 78”, explicó Cruz Burgos, quien añadió que hasta septiembre de 2016 se habían recuperado y alquilado 297 fincas con una cabida de 20,877.24 cuerdas. Durante nuestra administración se otorgaron 39 contratos de usufructo (561.88 cuerdas), 39 contratos de arrendamiento (499.06 cuerdas) y 119 títulos de propiedad del programa de fincas familiares equivalentes a 1,889.17 cuerdas. Con el uso correcto y equitativo de los incentivos agrícolas, a pesar de las limitaciones presupuestarias, se mantuvo un nivel adecuado que tuvo como resultado el ingreso bruto agrícola de 715,750 millones de dólares en 2012 a 901,497 millones de dólares en el 2014-15.

El 2 de enero de 2019, entró en vigor el Reglamento 9052 de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), adscrita al Departamento de Agricultura. Dicho reglamento establece cambios significativos en los incentivos agrícolas, la forma en que se distribuye, así como en los requisitos para que los agricultores y obreros agrícolas puedan ser beneficiarios.

La semana pasada, el 6 de marzo de 2019, el Secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, aprobó la Orden Administrativa 2019-07. Dicha orden, recoge los requisitos del reglamento recién aprobado y establece las cuantías por producción agrícola que son requeridas para poder cualificar al incentivo.

Problemas que crea:

1. Los incentivos se distribuyen mientras duren los fondos.

2. Los agricultores que participaban del programa, tienen 6 meses para cumplir con los nuevos requisitos.

3. Al ser un incentivo a base de producción, colocas en manos de las plagas, enfermedades, de la sequía o de las lluvias excesivas, la posibilidad de que un agricultor reciba o no el incentivo y, por tanto, habrá una mayor incertidumbre en la capacidad de ese agricultor en contratar y mantener empleado a un obrero de la tierra.

4. Asimismo, el incentivo por producción establece unos márgenes que favorece ciertos cultivos sobre otros. Véase tabla de la Orden Administrativa.

5. Así que en el aspecto de producción se establecen dos criterios: el monto total de la producción y el tipo de cultivo o producto. Esto sumado al aspecto de que los que tienen más tierra para producir, tienen ventaja a la hora de acceder al incentivo y el año malo, por sequías, lluvias, plagas o enfermedades, incide menos en la cantidad de incentivo recibido.

6. Mientras el pequeño agricultor se las juega toda, en pelea por un incentivo a base de producción que tiene tantos factores externos y que él no controla para poder mantenerse en pie. De hecho, un año malo podría implicar la pérdida del incentivo.