SAN JUAN (CyberNews)- Unos 263 cargos fueron radicados contra tres exrectores de la Universidad de Puerto Rico (UPR), y otras 6 personas- entre los que se destaca un empleado de un hotel- por supuesta malversación de fondos públicos y fraude, como parte de un esquema de corrupción con fondos del Programa de CRECE-21, creado para certificar a maestros del sistema público.

“Este caso ilustra el arraigo de la corrupción en nuestras instituciones públicas, aun en aquellas que deben ser modelo de corrección como la Universidad del Estado. Igual ilustra que trabajando unidos, como lo hemos estado haciendo, podemos atajarla. El resultado de hoy es consecuencia de la colaboración entre la Oficina de la Contralora, la Oficina de Auditoría Interna de la UPR y el Departamento de Justicia”, señaló el secretario Miranda en declaraciones escritas.

Entre los imputados figuran, Juan Ramírez Silva, exrector de la UPR en Arecibo y actual profesor en ese recinto; Juan Varona Echeandía, exrector de la UPR de Cayey y actual profesor en ese campus; Yanaira Vázquez Cruz, exrectora de la UPR de Utuado y exayudante especial del Presidente de la UPR ;Ada Liz López Hernández, excoordinadora de Proyectos UPR Arecibo y directora del Proyecto CRECE-21

Entre los parentescos de los imputados se destaca que Jonathan Ramírez Pérez es hijo del exrector de la UPR de Arecibo, Juan Ramírez Silva. Asimismo, se radicaron cargos contra varios miembros de un mismo núcleo familiar, ya que Ada Hernández Santiago es madre de Ada Liz López Hernández, directora del programa CRECE-21. A su vez, Hernández Santiago es abuela de Jason Ortiz López, exempleado de la UPR de Bayamón. Por su parte, Nilda Vázquez Cruz es hermana de Yanaira Vázquez, exrectora de la UPR de Utuado.

Jonathan Ramírez Pérez, asistente administrativo de la UPR de Arecibo, enfrenta cargos por fraude, apropiación ilegal, aprovechamiento ilícito de trabajos y violación a la Ley de Ética Gubernamental, para un total de 12 cargos.

Por su parte, Ada Hernández Santiago (4 cargos), Jason Ortiz López (6 cargos) y Nilda Vázquez Cruz (2 cargos) enfrentan cargos por apropiación ilegal agravada y fraude.

Los supuestos gastos ilegales fueron posibles mediante el concierto y común acuerdo entre funcionarios de la UPR y empleados del Hotel Caribe Hilton, quienes en conjunto alteraban las facturas para aparentar que eran gastos oficiales de la UPR como parte de los talleres.

Por ello se radicaron un total de 27 cargos contra el Hotel Caribe Hilton por fraude, falsificación de documentos y posesión y traspaso de documentos falsos. También, se presentaron 30 cargos por fraude, falsificación de documentos, posesión y traspaso de documentos falsos y falsedad ideológica, contra Marco Hernández Taforó, coordinador de cuentas por cobrar del hotel.

“Seguimos encontrando servidores públicos que le fallan al Pueblo de Puerto Rico. Nuestros auditores continúan colaborando con el Departamento de Justicia en este y otros casos”, indicó la contralora Yesmín Valdivieso.

Según Miranda, el supuesto esquema constó en defraudar al programa de Certificación y Re–Certificación, conocido como CRECE-21, mediante una serie de compras que realizaban los imputados para su uso personal, haciendo creer mediante la falsificación de documentos y la ayuda de empleados de un hotel, que los gastos eran relacionados al ofrecimiento de talleres para maestros. Dentro de esos gastos se encontraban servicios de spa, comidas en ostentosos restaurantes, barras, pago de habitaciones, compra de ropa de marcas reconocidas, zapatos, fiestas, productos de cabello, productos para la piel, entre otros.

De acuerdo con el secretario, CRECE-21 no fue el único programa afectado por este supuesto esquema. Los programas de Desarrollo Profesional para Maestros del K-3, Desarrollo Profesional para Maestros de Escuela Superior, Innovación en la Enseñanza de la Lengua Materna y la Cumbre Iberoamericana de la Honorable Academia Mundial de la Educación, también fueron impactados económicamente tras los actos fraudulentos.

De acuerdo con el secretario, se estima que un total de 73 mil dólares fue malversado como parte de estos hechos ocurridos entre junio del año 2011 y noviembre del 2012.

Esta situación llegó a la consideración del Departamento de Justicia a través de un referido de la Universidad de Puerto Rico.  Durante la investigación colaboró la División de Auditoría Interna de la Junta de Gobierno de la UPR y la Oficina de la Contralora de Puerto Rico.

El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Rosa Molina Pérez, de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del DJ.