RINCÓN (CyberNews) – La secretaria de Recursos Naturales y Ambientales, Tania Vázquez Rivera, informó este miércoles que después de una investigación de varias semanas, el Cuerpo de Vigilantes intervino esta semana con un sujeto que supuestamente pescó especies protegidas, como lo es el tiburón gata y el pez sábalo.
Vázquez Rivera precisó que las actuaciones de este sujeto fueron capturadas en videos difundidos a través de las redes sociales; en una de esas grabaciones se observa al hombre de 45 años lanzar al tiburón gata al agua de una fuente en el casco de Rincón, lo que podría causarle daño severo y hasta la muerte.
“El procesamiento de este caso es muy importante para el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), pues se imponen los estatutos ambientales sobre las actos ilegales que amenazan especies marinas protegidas. Agradezco el trabajo e investigación del Cuerpo de Vigilantes; continuaremos velando de cerca casos como este y siempre buscaremos que se cumpla con los reglamentos y leyes ambientales”, puntualizó la jefa de Recursos Naturales en comunicación escrita.
Explicó que, el fiscal Rufino Jiménez, del distrito de Aguadilla, radicó cargos contra Ángel Valle Vargas por violación a la Ley 278 de 1998, según enmendada, -mejor conocida como Ley de Pesquerías de Puerto Rico- y por la Ley 154 de Bienestar y Protección de Animales.
La funcionaria, asimismo, destacó que el sábalo es muy importante para la economía pesquera de Puerto Rico, pues vale más vivo que muerto. Es un pez óseo muy primitivo cuya mandíbula es muy fuerte y sobrevive muy bien a su captura con anzuelo por pescadores recreativos. Por tal razón, solo se permite su pesca recreativamente y siempre y cuando se libere vivo; pescarlo y retenerlo es ilegal.
Por otro lado, el tiburón gata es también una especie muy primitiva pero cartilaginosa. Es el depredador de mayor tamaño residente en los arrecifes de coral en la isla y su función en el ecosistema es única. Por tal razón su captura es ilegal.
De ser hallado culpable, el sujeto se expone a 3 o más años de cárcel y multas que podrían ascender hasta 5 mil dólares o ambas penas, según determine el juez.
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