El Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR) expresó su oposición al Proyecto del Senado 1301 al entender que la medida, aunque persigue fortalecer la protección de la niñez, podría generar consecuencias adversas para los procesos de prevención, identificación e intervención en situaciones de maltrato, abuso y violencia que afectan a personas menores de edad.

El Proyecto del Senado 1301 propone establecer un mecanismo mediante el cual padres, madres o tutores legales puedan solicitar la grabación en audio y video de intervenciones terapéuticas y otros servicios profesionales dirigidos a menores de edad. La medida busca promover una mayor transparencia en la prestación de los servicios y ofrecer a las familias una herramienta adicional de supervisión y documentación de las intervenciones realizadas.

Según explicó Lydael M. Vega Otero, presidenta del CPTSPR, las intervenciones dirigidas a la niñez y la adolescencia requieren espacios seguros, privados y confidenciales que permitan expresar libremente experiencias, preocupaciones y situaciones que afectan su bienestar.

“La posibilidad de ser grabados podría inhibir a muchos menores de compartir información sensible relacionada con situaciones de violencia, negligencia, maltrato o conflictos dentro de sus entornos familiares y comunitarios. Esto incluye experiencias que podrían involucrar a familiares, cuidadores o personas allegadas, como patrones de maltrato o abuso psicológico, físico o sexual que requieren ser identificados oportunamente para garantizar su protección y bienestar”, sostuvo Vega Otero.

La portavoz de la organización destacó además que la identificación temprana de situaciones de riesgo depende, en gran medida, de que los menores puedan hablar con libertad y confianza.

“Si las grabaciones provocan temor, vergüenza o desconfianza, se reducen las oportunidades para que los profesionales reciban información crítica, documenten adecuadamente los hallazgos e inicien los procesos de intervención necesarios para proteger los derechos y la seguridad de la niñez. En lugar de fomentar la apertura, estas grabaciones podrían generar silencios muy peligrosos”, añadió.

La organización señaló que el proyecto senatorial no presenta evidencia suficiente sobre la magnitud del problema que pretende atender ni demuestra la necesidad de establecer un mecanismo tan amplio como la grabación en audio y video de intervenciones terapéuticas y profesionales dirigidas a menores.

“Nos preocupa que esta medida parezca partir de una premisa de desconfianza hacia los profesionales que brindan servicios a la niñez y la juventud. Las profesiones incluidas en el proyecto operan bajo rigurosos códigos de ética, reglamentos y mecanismos disciplinarios que ya existen para prevenir, atender e investigar cualquier conducta impropia o contraria al bienestar de las personas participantes”, expresó la presidenta del CPTSPR.

El Colegio advirtió además que otro aspecto preocupante es el posible impacto sobre la relación de confianza que debe establecerse entre el profesional y la persona menor de edad.

Otro de los señalamientos está relacionado con la falta de claridad sobre la custodia, almacenamiento y uso futuro de las grabaciones. El proyecto delega en profesionales e instituciones la responsabilidad de conservar material altamente sensible que podría contener información sobre traumas, denuncias de maltrato, conflictos familiares y otros asuntos íntimos de menores de edad, sin establecer mecanismos claros para garantizar la protección de esa información.

“Además, la medida no define con precisión cómo el Estado garantizará que estas grabaciones no sean compartidas, divulgadas o utilizadas indebidamente. Tampoco establece responsabilidades específicas en caso de filtraciones o accesos no autorizados. La creación de archivos permanentes con información tan delicada podría representar nuevos riesgos para la privacidad, la seguridad y el bienestar de la niñez”, sostuvo Vega Otero.

El CPTSPR reafirmó que el interés superior de la niñez debe ser el principio rector de toda política pública relacionada con su protección y bienestar.

“Exhortamos a que se identifiquen alternativas que fortalezcan la protección de los menores sin menoscabar la confidencialidad, la confianza y la calidad de las intervenciones profesionales que permiten detectar, atender y prevenir situaciones de maltrato, abuso y violencia”, concluyó la presidenta del CPTSPR.

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