Proyecto cameral crearía la “Ley de Subastas del Gobierno de Puerto Rico”

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EL CAPITOLIO (CyberNews) – En aras de establecer los procesos de subastas que serían utilizados en las agencias gubernamentales, corporaciones públicas y municipios, la Comisión cameral de Gobierno, presidida por el representante Jorge Navarro Suárez, inició el martes, vistas públicas para atender el Proyecto de la Cámara 15.

“Lo que queremos es armonizar y maximizar recursos; y a la vez lograr que sea mínimo el despilfarro de dinero y la corrupción en el Gobierno”, dijo Navarro en declaraciones escritas

La medida, de la autoría del presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez, pretende, además, instaurar la composición de las Juntas de Subastas, fijar requisitos y los procesos relacionados con las solicitudes de propuestas y decretar penalidades.

Según la Exposición de Motivos de la pieza, aunque el propósito del proceso de subastas es “garantizar un gobierno limpio y sin corrupción”, nunca se ha reglamentado el procedimiento, lo que provoca que cada agencia y municipio promulgue su propio reglamento de subastas y lo interprete a su manera. Esto ha resultado en un sinnúmero de controversias por parte de licitadores, quienes han catalogado el proceso de “arbitrario, caprichoso y lleno de favoritismos”.

El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el licenciado. José Marrero Rosado, quien fue representado por el licenciado Samuel Nales Pérez, avaló la intención del proyecto “por ser una que promueve la transparencia y la objetividad, evitando que el proceso de evaluación y adjudicación se torne arbitrario o que pueda tender al favoritismo en su interpretación”.

En su ponencia, el CPA sugirió adoptar normas administrativas uniformes junto a mejoras de prácticas de compras y contratación; así como garantías procesales de participación a los licitadores. Asimismo, recomendó analizar y revisar la medida considerando la legislación vigente; evaluar cualquier enmienda necesaria a esta legislación e incluir una definición para el término “Corporación Pública”.

“Es menester indicar que para lograr el pleno funcionamiento de la Junta y alcanzar las metas de ahorros y ligereza procesal que se aspira, es necesario no incurrir en duplicidad de funciones con otros organismos ya existentes. Igualmente, es importante garantizar que el mecanismo que se adopte para su funcionamiento sea uno que propenda a implementar un sistema ágil y efectivo (…) La presente medida no tiene un impacto presupuestario adverso, pues no dispone sobre asignaciones presupuestarios o el uso de fondos públicos; tampoco contempla gastos o costos específicos o indirectos para las agencias públicas”, explicó Marrero Rosado.

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