Presidente CEE asegura depende del gobierno reformar la CEE

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SAN JUAN (CyberNews) – Ante la carta publicada por la Junta de Control Fiscal (JCF) en cuanto a la reducción de la operación de la CEE en años no eleccionarios, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila Rivera, expresó el lunes, que es necesario continuar transformando ese ente gubernamental.

 

Asimismo, el presidente hizo hincapié en una comunicación escrita, en que “la propia Junta expresó en la carta publicada hoy que la CEE ejerce un rol importantísimo en la democracia puertorriqueña en lo que respecta al registro de electores y al escrutinio de votos, ambos asuntos corolarios del derecho al voto que garantiza la Constitución de Puerto Rico”.

Mencionó que los cambios en la CEE han comenzado. Durante este cuatrienio se han mudado 35 Juntas de Inscripción Permanente (JIP) a locales públicos (Centro de Servicios Integrados y oficinas del gobierno central y municipal). Con las mudanzas se proyecta un ahorro millonario a largo plazo. Además, tenemos 22 JIP que próximamente se mudarán a locales públicos. A pesar de los logros alcanzados, resta mucho por hacer.

Dávila Rivera culminó indicando: “se ha mencionado en la palestra pública que muy pronto comenzará la discusión de una reforma electoral. Esa coyuntura es oportuna para discutir los cambios necesarios para que la CEE sea más eficiente. Corresponde al señor Gobernador, a la Asamblea Legislativa, a los Partidos Políticos y a este servidor sentarse en la mesa y reflexionar sobre el futuro de la CEE”.

La Junta de Control Fiscal  recomendó que el Gobierno de Puerto Rico tome las medidas necesarias para ajustar las operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico (CEE) para que fluctúen según el ciclo electoral y reestructurar su organización para que sea más eficiente.

En una carta al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, la Junta declaró que si bien la CEE realiza un trabajo esencial para reforzar la democracia al registrar a los votantes y administrar el proceso electoral, las operaciones actuales de la CEE no coinciden con las necesidades que atiende o con la realidad fiscal de la Isla.

“Las elecciones se celebran cada cuatro años. La CEE debe ser más activa en el año previo a una elección, pero puede y debe reducir significativamente sus operaciones en los tres años restantes de un ciclo electoral. Esto es lo que hacen las comisiones electorales comparables en la mayoría de los estados”, escribió en la carta el presidente de la Junta, José Carrión, tercero.

La Junta señaló que la estructura de la CEE es altamente burocrática y costosa en comparación con las comisiones y oficinas de elecciones estatales, que incluye un organigrama complejo, con un presidente, tres vicepresidentes, un comisionado electoral por partido (actualmente tres), comisionados alternos, una secretaria, subsecretaria, personal y más de 85 juntas locales de registro (“JIP”) en toda la isla, cada una de las cuales incurre en gastos de personal y administrativos. La Junta de Supervisión agregó que, de acuerdo con los últimos datos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la CEE tiene aproximadamente 700 empleados, pero no brinda a los residentes de Puerto Rico la capacidad de aprovechar la tecnología para registrarse para votar en línea o renovar sus tarjetas de votación como se hace en los estados y otros países.

Además, Carrión, tercero dijo que es consciente de las expresiones recientes de funcionarios del gobierno que están alineadas con la recomendación de la Junta, y da la bienvenida a las medidas legislativas y administrativas para transformar las operaciones actuales de la CEE.

La Junta emitió su recomendación sobre el CEE conforme con la Sección 205 (a) de PROMESA, que le permite presentar recomendaciones al Gobernador o a la Legislatura sobre las medidas que el Gobierno de Puerto Rico puede tomar para garantizar el cumplimiento con el Plan Fiscal o para de otro modo promover la estabilidad financiera, el crecimiento económico, la responsabilidad de la administración y la eficiencia de la prestación de servicios del Gobierno. Bajo la Sección 205 (b), el Gobierno tiene 90 días para proporcionar una respuesta a la recomendación de la Junta de Control Fiscal.

Por su parte, el comisionado electoral del PPD, Miguel Ríos Torres dijo: “La solicitud de la Junta de Supervisión fiscal solicitando una reducción en las funciones que realiza la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), es una carta hecha a la medida de las intensiones del gobernador Ricardo Rosselló. Mientras la Legislatura trabaja en propuestas dirigidas a ampliar los servicios que se ofrecen desde las Juntas de Inscripción Permanente, el gobernador busca como reducir el presupuesto y la labor que realiza la CEE. Sin duda, esto es un atentado directo contra nuestra democracia y busca como limitar los derechos de las minorías al no tener disponible el aparato electoral que tan bien le ha servido a nuestro país. Emplazo a Rosselló a que contradiga a la Junta Fiscal y defienda las funciones que realiza nuestra Comisión Estatal de Elecciones”.

De otra parte, el presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres sostuvo que “La propuesta de la Junta de Control Fiscal, de reducir las funciones y trabajos de la Comisión Estatal de Elecciones a un año electoral, demuestra un evidente desprecio por una tradición democrática sobre la cual se ha validado la convivencia social y política entre todos los puertorriqueños.

Comparar nuestro sistema electoral con el de los Estados Unidos, que le permite elegir a un presidente que no goza de la mayoría del voto popular, es otro acto para ofender y denigrar la dignidad del pueblo de Puerto Rico.

El PPD, en estos momentos participa de la búsqueda de alternativas para la mejor y mayor utilización de recursos en la CEE, por lo que apoyamos complementar servicios al ciudadano y otras tareas de apoyo a la gestión pública con los funcionarios que laboran desde las Juntas de Inscripción Permanente.  Nuestra conducta electoral y celo por el sistema democrático jamás será de perjuicio al país.  La Junta de Control Fiscal no tiene derecho alguno para acabar de despojarnos ilegalmente de principios de dignidad que este pueblo jamás ha de renunciar o rendir ante nadie”.