(San Juan, PR- 25 de junio de 2018) El portavoz alterno del Partido Popular Democrático en la Camara De Representantes, Ramón Luis Cruz Burgos, arremetió hoy contra lo que catalogó como una improvisación desmedida para complacer el capricho de José Carrión III, en el tema de la derogación de la ley 80.
Cruz Burgos, solicitó un detente a los mal llamados “esfuerzos de consenso”, ya que los efectos de cada nuevo invento son cada vez más dañinos, peligrosos y lo que buscan es hacerle un favor económico a la empresa de Carrión.
El Representante recordó la denuncia que hizo hace unas semanas y que no fue contestada en sus méritos, pues a quién único beneficia la derogación de la Ley 80 es a la empresa de seguros de la que Carrión es Presidente de su Junta de Directores. “Advertí que la insistencia de Carrión en condicionar la aprobación del presupuesto del país a una ley que nada tiene que ver con la crisis fiscal de la isla y que carece de impacto en la economía, no sólo es un chantaje, sino que constituye un conflicto de interés insalvable”, precisó el también representante del distrito 34.
“La nueva propuesta de trastocar el Fondo del Seguro del Estado no sólo es utilizar las primas que pagan los patronos para atender los accidentes en el empleo, para pagar compensaciones por despido, sino que acerca la discusión de la privatización de esa entidad. Al hacerlo, se le pone en bandeja de plata la apertura del mercado de pólizas de “workers compensation” que es una de las líneas de cubiertas más importantes que ofrece la empresa HUB International y su filial en Puerto Rico, HUB International CLC, LLC, directamente vinculada al presidente de la Junta de Supervisión Fiscal. Es decir, con cada intento de complacer a quién no tiene fundamentos para sustentar sus caprichos de negocio, se le da un premio mayor a Carrión por no tener un solo resultado de beneficio a los puertorriqueños por los pasados dos años”, apuntó Cruz Burgos.
“La petición es que dejen de inventar alternativas a un asunto que no es problema y cuya discusión surge como un intento manifiesto de hacer negocios que favorecen a muy pocos, en particular a Carrión. Esa denuncia no ha sido contestada, como tampoco se ha refutado el hecho de que la eliminación de la Ley 80 no tiene impacto en la economía puertorriqueña. Tampoco se ha refutado que la ley 80 no sólo es una protección a los trabajadores, sino a los patronos que no tienen responsabilidad de pagar mesada si el despido es por justa causa y existe un límite en la responsabilidad, cuando no se cumple la ley. La improvisación, unida a la presión injusta y sin fundamento, tiene como resultado medidas cada vez más dañinas y que lejos de atender el problema fundamental, lo complica”, concluyó Cruz Burgos.
