Pierluisi lidera propuestas para atajar la corrupción pública

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(San Juan, 2 de octubre de 2020) – El secretario del Partido Nuevo Progresista (PNP), Noé Marcano, enfatizó en las propuestas presentadas por el candidato a la gobernación de su Partido, Pedro Pierluisi, para erradicar la corrupción pública que tanto lacera la imagen del gobierno en contraste a lo presentado por el candidato del Partido Popular.  

 

Marcano destacó las ejecutorias del ex comisionado residente y ex secretario de justicia, posiciones en las que ha tenido un récord impecable y credibilidad en el gobierno estatal y federal. Sus ejecutorias son solo una muestra de que el candidato del PNP es la mejor alternativa para Puerto Rico. 

 

“Pierluisi ha sido claro y sus propuestas serán pieza angular para asegurar que bajo su mandato el Gobierno recupere la credibilidad y saque toda corrupción del ente gubernamental. La transparencia que implementará Pierluisi será el antídoto para la corrupción. Lo mismo no podemos asegurar del candidato popular que hasta la Oficina del Contralor concluyó que fracasó contra la corrupción y que en Isabela ha reinado los malos manejos y la impunidad”, aseguró el secretario del PNP. 

 

De acuerdo a las propuestas de Pierluisi, éste le devolverá el NIE al Departamento de Justicia como brazo investigativo para casos de corrupción pública y aplicará la ley con rigurosidad. Asimismo, ha sido enfático en que reformará totalmente el sistema de contratación pública, incluyendo los contratos de servicios profesionales, y reducirá la cantidad de contratos externos en el gobierno. 

 

Según explicó, ante tanto cuestionamiento con la contratación pública, Pierluisi va a asegurar la transparencia, tanto del Gobierno como de los contratistas que provean servicios con éste. De manera que requerirá la información de todos sus dueños, oficiales y cabilderos para publicar dicha información y asegurar que cumplen con los requisitos de ley. También, prohibirá donativos políticos de oficiales o dueños de compañía contratante con el gobierno 90 días antes y después del otorgamiento o extensión de contrato.

 

“Charlie Delgado tiene decenas de señalamientos de la Oficina del Contralor que denotan cero medidas contra la corrupción. Principalmente se le atribuye que no investigó apropiadamente una gestión que concluyó en una apropiación ilegal de recursos públicos; subastas adjudicadas al postor más alto, y otras sin cotizaciones o con cotizaciones falsas; gastos extravagantes e injustificados; y apropiación ilegal de fondos públicos por personal del municipio”, enumeró.

 

Añadió que, bajo el liderato de Delgado en Isabela, se otorgaron contratos de construcción sin permisos legales, no publicó contratos a tiempo en el Contralor, otorgó contratos sin subasta en contra de la ley, concedió sueldos injustificados y permitió sobregiros en cuentas del municipio. Asimismo, se le señala por falta de conciliación de cuentas bancarias de los fondos públicos, ausencia de fiscalización y auditorías, entre otros señalamientos cuestionables.  

 

El contraste es claro, tenemos a un político con una carrera de 20 años en un municipio que tiene señalamientos crasos del Contralor y tiene a los isabelinos con millones de fondos congelados. Por otro lado, tenemos a Pedro Pierluisi con una credibilidad intachable y propuestas que garantizan la transparencia”, manifestó. 

 

Marcano recordó que, “Pierluisi siendo Secretario de Justicia aumentó en 400% los casos debidamente atendidos de referidos del Contralor y en 50% los referidos a la Oficina del FEI.  También estableció los primeros acuerdos conjuntos con autoridades federales para atacar el crimen y la corrupción, de los cual hemos recibido un apoyo invaluable de las entidades federales, e investigó y procesó personas que terminaron convictas por corrupción en la legislatura, incluyendo personas de su propio partido. Asimismo, como Comisionado Residente, fue parte del importante Comité de lo Jurídico de la Cámara federal y por su trayectoria fue designado a la Comisión de Ética, la primera vez que se escoge un representante de un territorio, siendo éste el ente que atiende acusaciones de conducta indebida por parte de los Congresistas.