El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi dijo el jueves que la nueva versión del proyecto de ley federal para la supervisión, el manejo y la estabilidad económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) aun contiene disposiciones con las que está en desacuerdo, aunque los disposiciones sobre la Junta de Control Fiscal y la reestructuración se acercan a sus condiciones para poder avalar la medida.

“Ahora bien, que todos estén claros, personalmente esto no me agrada de manera alguna. Me avergüenza que Puerto Rico haya llegado a un punto en el que se contemple una Junta como ésta”, dijo Pierluisi en una declaración escrita.

El funcionario indicó que la nueva versión del proyecto de ley no es perfecta y que como todo producto de una negociación bipartidista, aún contiene disposiciones a las que se opone o que considera innecesarias. Sin embargo, mantiene la esperanza de que las mismas puedan ser modificadas o eliminadas a medida de que avance su trámite legislativo.

Según se informó, la nueva versión de PROMESA o HR5278 fue radicada el miércoles y contempla la imposición de una Junta de Control Fiscal, un proceso más flexible para reestructurar la deuda, así como algunas disposiciones de desarrollo económico. Informes de prensa señalan que aunque se produjo un acuerdo bipartita para la presentación de la nueva propuesta, ésta aun enfrenta un futuro incierto en la Cámara de Representantes federal.

“No obstante, la esencia del proyecto, las secciones sobre reestructuración de deuda y la Junta de Supervisión, se han acercado al punto de cumplir con las estrictas condiciones que he establecido para poder apoyarlo”, dijo.

“Mi requerimiento desde el primer día ha sido que la Junta debe tener dientes, pero no colmillos; o sea, que tenga autoridad para supervisar, pero no para ordenar y controlar al gobierno de Puerto Rico durante un período de tiempo limitado”, agregó.

Además, aunque se trata de un asunto complejo, reiteró que para apoyar esta medida, la misma tiene que cumplir con dos requisitos principales.

Detalló que en primer lugar, el proyecto de ley tiene que autorizar un proceso de reestructuración de deuda justo y ordenado, porque la alternativa es un proceso caótico de impagos seguido de litigios que perjudicará a Puerto Rico, a los pensionados del gobierno y a los tenedores de bonos, muchos de los cuales son residentes de la isla. En segundo lugar, el comisionado residente señaló que se ha tornado inevitable que cualquier legislación federal que le otorgue a Puerto Rico la facultad de reestructurar su deuda establezca también una Junta de Supervisión temporera e independiente para asistir al gobierno de Puerto Rico a manejar mejor sus finanzas públicas, cuadrar su presupuesto, ser más eficiente y transparente, y recuperar el acceso a los mercados financieros.

“Durante los próximos días, continuaré consultando con el liderato congresional y el Departamento del Tesoro antes de tomar la decisión final de si apoyaré o no este proyecto cuando vaya a votación en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara federal, pero claramente nos estamos moviendo en la dirección correcta. Espero que todo miembro del Congreso tenga en cuenta de que el colapso de este proyecto de ley podría significar el colapso del Gobierno de Puerto Rico. La historia los juzgará severamente si no actúan con agilidad y sabiduría”, concluyó el también aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).