El comisionado residente, Pedro Pierluisi, estableció el miércoles que el proyecto que se apruebe para establecer la “Ley de supervisión, administración y estabilidad económica de Puerto Rico” (PROMESA por sus siglas en inglés) tiene que ser bipartita y balanceado, para evitar posibles consecuencias graves, tanto para Puerto Rico como para los acreedores.

“Si no podemos enviar al escritorio del presidente un proyecto de ley balanceado, bipartita, las consecuencias para Puerto Rico y los acreedores de la isla podrían ser graves”, dijo Pierluisi durante su participación de la vista que celebró la Comisión de Recursos Naturales, presidida por Rob Bishop, sobre dicho proyecto.

“Créanme, hay disposiciones de este proyecto de ley que no me gustan, y hay asuntos que no están en el proyecto –tales como equidad bajo Medicaid y créditos contributivos reembolsables- que entiendo que debieron ser incluidos. Es fácil objetar una mala disposición del proyecto o la exclusión de una buena y decir ‘no’ a todo el proyecto de ley. Pero respeto a aquellos en ambos partidos que están mirando el proyecto de manera integral y trabajan fuertemente para lograr la aprobación”, añadió.

Pierluisi, quien adelantó que como cuestión general interrogaría a los deponentes sobre si el proyecto en efecto cumple con su propósito de ayudar a Puerto Rico a atender su crisis actual y crear las bases para un futuro más brillante, procedió a discutir varias disposiciones de la medida.

“En primer lugar, los Títulos I y II establecen una junta de supervisión temporal, independiente, compuesta de siete miembros, sujeta a una estricta ética y normas de conflictos de interés, a la que se le otorgan responsabilidades específicas que concluyen una vez se cumplan condiciones específicas. Chairman Bishop y yo trabajamos juntos en estas disposiciones, y aunque pueda estar sujeto a debate razonable, entiendo que constituyen una mejoría dramática sobre la versión anterior y ahora más o menos llegan a un balance apropiado entre instaurar disciplina fiscal efectivamente y respetar el proceso democrático. La función principal de la junta es proporcionar una supervisión general de la política fiscal en Puerto Rico. La junta proveerá barreras de protección para el gobierno de Puerto Rico, pero de ninguna manera sustituirá a los líderes electos del territorio”, dijo Pierluisi.

Explicó que bajo la última versión, el gobernador será responsable de desarrollar un plan fiscal a largo plazo y éste, junto a la Asamblea Legislativa, serán responsables de la elaboración de los presupuestos anuales consistente con el plan fiscal, sujeto a la aprobación final de la junta. Asimismo, indicó que durante el año fiscal se monitoreará que se cumpla con el presupuesto, y se identificará cualquier diferencia material entre lo que se proyectó que ocurriera y lo que en efecto ocurre y los líderes electos de la isla tendrán varias oportunidades para tomar las medidas correctivas que consideren apropiadas.

“En resumen, la junta tendrá un papel de supervisión y sólo asumirá un papel más activo como último recurso”, puntualizó el funcionario.

En segundo lugar, el también aspirante a la gobernación, señaló que la Sección 206 del Título III y el Título VI, en conjunto, proveen a Puerto Rico de un mecanismo de reestructuración de la deuda. La Sección 407 le proporciona al gobierno del territorio con un aplazamiento temporal en los litigios, cuyo propósito -permítanme subrayar- es crear un ambiente para las negociaciones consensuales con los acreedores y no fomentar impagos que de otra forma serían evitables.

“Bajo la disposición de acción colectiva del Título VI, la junta de supervisión ayudará a las entidades emisoras de deuda en Puerto Rico y sus acreedores a tratar de llegar a acuerdos voluntarios para reestructurar la deuda. Si una entidad llega a un acuerdo con un número suficiente de acreedores, que serán agrupados en grupos o clases, ese acuerdo será vinculante para todos los acreedores de ese grupo. Sin embargo, si no se llega a un acuerdo, la junta podrá autorizar a la entidad a ir al tribunal y ajustar de la deuda mediante las disposiciones del código de quiebra que se aplican en todos los estados de la nación. Cuestionaré a los deponentes, en especial al señor Weiss, sobre si estas disposiciones del proyecto, si son viables, y si no, sobre qué es necesario hacer para que los mecanismos en el proyecto funcionen”, concluyó.