SAN JUAN (CyberNews) – La jueza del Tribunal Superior de San Juan, Lauracelis Roques Arroyo, multó el martes, con cinco mil dólares más mil dólares diarios mientras persista el desacato al Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), por no cumplir con la Orden del Tribunal de Apelaciones.

Por su parte, la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico, Nivia Fernández Hernández, lamentó la determinación del Tribunal.

“Este es un día lamentable en la historia de la Universidad de Puerto Rico. A pesar de todos los esfuerzos realizados por la Administración, no se pudo prevalecer ante el Tribunal de Primera Instancia. Nuestra división legal estará analizando opciones que informaremos próximamente. Desde la Administración, seguiremos comprometidos con salvar la Universidad de Puerto Rico y su importante misión para el pueblo de Puerto Rico:, dijo Fernández en declaraciones escritas.

Reiteró, además, en un llamado a la “sensatez a todos los sectores universitarios para hallar una solución pronta a este conflicto huelgario.  No se trata solo de abrir los portones, sino de lograr un clima universitario en que podamos reanudar las labores en todos los recintos y se garantice el futuro de la institución”.

Sin embargo, pidió a la Junta de Control Fiscal y al gobernador Ricardo Rosselló, una reconsideración del propuesto recorte a la institución educativa.

“A la Junta de Supervisión Fiscal y al Gobernador de Puerto Rico, quienes han expresado su preocupación por lo que enfrenta nuestra Universidad y lo que esta representa para el desarrollo y la recuperación económica de Puerto Rico, les pedimos una vez más que reconsideren su meta de recortes a largo plazo. Estamos convencidos que su impacto no tendrá otro efecto que reducir las posibilidades de progreso de miles de jóvenes talentosos y esperanzados en un mejor porvenir.  Hemos trabajado con mucho empeño y responsabilidad en buscar nuevos ingresos para la Universidad. Aún así, un recorte de 512 millones de dólares como el propuesto, dejaría a la Universidad de Puerto Rico con enormes limitaciones al compararla con la que tenemos hoy”, mencionó.

“A los estudiantes que mantienen los portones cerrados, les exhortamos a que reconozcan el peligro que continuar con el cierre representa para la acreditación de la institución y para el acceso de los estudiantes a importantes programas académicos y de ayudas económicas.  Les rogamos a todos los sectores de la comunidad universitaria a que pongamos a la Universidad primero y la salvemos. No descansaremos en nuestras acciones hasta lograr una UPR abierta”, concluyó.

El pasado viernes, la jueza superior, Roques Arroyo emitió una orden para citar a la presidencia de la Universidad de Puerto Rico (UPR), para que expliquen al tribunal si se cumplió con la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones que ordenó la apertura del Recinto de Río Piedras.

La orden de apertura, fue emitida el pasado 5 de mayo.

Se supone que, a no más tardar de las 6:00 de la mañana, del jueves, 11 de mayo, el Recinto de Río Piedras de la UPR abriera los portones, se permitiera el libre acceso al campus y se continuaran con las clases. Eso no ocurrió.