SAN JUAN (CyberNews) – La candidata a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago dijo el miércoles, que, ante la aprobación en comité del Senado federal de PROMESA, representa “el fracaso” de; Estado Libre Asociado (ELA).

“La aprobación de PROMESA por el Senado de los Estados Unidos es la aceptación final del fracaso del experimento colonial del Estado Libre Asociado. Sesenta y cuatro años del llamado “gobierno propio” nos han dejado con un país en quiebra, con todos los males de la inferioridad política acentuados por la incompetencia y la corrupción del PNP y el PPD”, dijo Santiago en declaraciones escritas.

“En este nuevo escenario, no hay razón o pretexto para dilatar la exigencia a los Estados Unidos de un proceso que permita a los puertorriqueños ejercitar su derecho a la libre determinación e independencia, conforme al Derecho Internacional. El Partido Independentista Puertorriqueño, por su parte, recabará, como lo ha hecho siempre, y con la intensidad que el momento requiere, el apoyo del mayor número de puertorriqueños en reclamo de la independencia y en repudio al colonialismo y la anexión a través del voto en las elecciones del 8 de noviembre”, añadió.

Por otra parte, un grupo de economistas denunciaron que el proyecto PROMESA y la creación e implantación de la Junta de Control Fiscal significará un incremento del poder de Estados Unidos sobre Puerto Rico, un golpe de estado colonial por la metrópoli, una continuación de la crisis económica, un empeoramiento de los servicios gubernamentales, una reducción de la calidad de vida, especialmente de los sectores menos pudientes, incrementos de los impuestos y posiblemente el pago de parte de la deuda a los bonistas en detrimento del pueblo. Ante la falta de voz crítica de los economistas, Martha Quiñones Domínguez, Pedro Rivera Guzmán e Iván Elías Rodríguez presentan su posición ante la situación fiscal que atraviesa Puerto Rico y la imposición de la Junta de Control Fiscal.

Los economistas reconocieron la compleja crisis económica, política, social y ambiental que sufre la Isla y las limitaciones estructurales que enfrenta Puerto Rico. Entienden, según un comunicado, “Que el deber del gobierno debe ser la protección de la salud, la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos y de la sociedad en conjunto, frente a cualquier otro reclamo. La obligación debe ser propiciar las condiciones materiales, sociales, institucionales y culturales, que permitan expandir opciones económicas y sociales y por medio de la planificación armonizar los interese sociales”.

El proyecto PROMESA todavía no incorpora soluciones al problema fundamental del desarrollo económico: la dependencia y la subordinación económica y política. Además, no resuelve los problemas de desigualdad, servicios ineficientes en el sector público y privado, los problemas de corrupción y los problemas ambientales, entre otros. El problema no es meramente el crecimiento económico sino el tipo de crecimiento económico que ha de favorecerse y su visión en detrimento hacia el desarrollo.

“Como economistas conscientes y con un compromiso social, que favorecemos un desarrollo económico sustentable, ambiental y social y no apoyamos la imposición de esta Junta de Control Fiscal”. “Reclamamos que seamos nosotros el pueblo los que diseñemos un proceso de planificación para el País que represente los mejores intereses del pueblo puertorriqueño, con auditorías ciudadanas, mecanismos de transparencia gubernamental en el uso de los fondos públicos, métricas de evaluación continua y un genuino compromiso como pueblo para cambiar y crear un modelo económico, social y ambiental que logre mejorar nuestro desarrollo y propicie crecimiento económico. Utilizando la planificación como una herramienta que ayude a desarrollar de forma integral al país y en consulta con el pueblo puertorriqueño”.

Con 68 votos a favor y 32 en contra, el Senado federal culminó el debate sobre el proyecto HS 2328 de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, (PROMESA, por sus siglas en inglés), para llevarlo a votación ante el pleno del Alto Cuerpo federal.

El proyecto se llevaría a votación final para aprobación entre el jueves y el viernes. La medida, que entre otras cosas, impondría una Junta de Control Fiscal que tendría injerencia directa en los asuntos administrativos y fiscales de la isla, necesitará 51 votos para ser aprobada y enviada al presidente Barack Obama para su firma.