SAN JUAN (CyberNews) – Los portavoces del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado y la Cámara de Representantes, Juan Dalmau Ramírez y Denis Márquez Lebrón, respectivamente, repudiaron el miércoles, las expresiones de superintendente de la Policía, Michelle Hernández tras su anuncio a los efectos de que la Policía monitorea las redes sociales de grupos y ciudadanos de cara al Paro Nacional.
Al mismo tiempo que emplazaron al Gobernador a que la instruya a desistir de dicha práctica “ilegal y cuestionable”.
“Reitero lo que advertí durante mi oposición al nombramiento de la Superintendente, que era peligrosa su visión militarizada de la Policía y su historial en la práctica del espionaje cibernético. Hoy vemos las consecuencias de su designación cuando comunica una visión punitiva y cuasi militar hacia aquellos que protestan políticas gubernamentales dañinas para el país. Su admisión de que se están tomando videos, fotografías, y archivando expresiones realizadas en las redes sociales a personas u organizaciones que anticipan participar de protestas legítimas contra las políticas económicas y laborales de la actual administración constituye una práctica de espionaje cibernético, sentenció el senador pipiolo en declaraciones escritas.
Por su parte, Márquez Lebrón, quien fue abogado del PIP en el caso de las carpetas, expresó que “desde hace años, gracias al esfuerzo y la lucha del independentismo, los tribunales en Puerto Rico declararon inconstitucional la nefasta práctica del carpeteo. Con esta confesión la Superintendente está reviviendo una práctica ilegal, violatoria de los derechos humanos y civiles de miles de manifestantes. Además, sus órdenes de monitorear a los ciudadanos son una admisión y una violación a las sentencias y a la jurisprudencia que condena esta práctica que por décadas realizó ilegalmente la Policía. Se trata de una nueva y condenable modalidad de persecución y carpeteo en pleno siglo 21”.
Ambos líderes independentistas emplazaron al Gobernador a desautorizar de inmediato las acciones de espionaje cibernético. De igual forma, solicitarán una investigación a la Comisión de Derechos Civiles y al Colegio de Abogados.
