Varios legisladores han rechazado la movida del gobierno de presentar a última hora el Proyecto del Senado 1591 que le permitiría al gobernador Alejandro García Padilla, declarar una moratoria en el pago de todas las deudas de Puerto Rico, incluyendo a aquellas protegidas por la Constitución.

La medida fue aprobada con enmiendas en el Senado con 16 votos a favor y nueve en contra, mientras que aún está pendiente de aprobación en la Cámara de Representantes, que en horas de la madrugada del martes decretó un receso hasta las 11:00 de la mañana para atenderla.

La candidata a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, quien votó en contra, indicó en un comunicado que “la aplicación de una moratoria sólo implica una posposición del cumplimiento de las obligaciones y seguirá obviando lo que es una realidad innegable: el país no cuenta -ni contará en un futuro predecible- con recursos suficientes para pagar su deuda y continuar proveyendo servicios esenciales”.

A tales efectos, durante su turno en contra de la medida, la candidata insistió en su propuesta para que se declare formal y frontalmente el impago de la deuda como estrategia política de presión para obligar a que el gobierno de los Estados Unidos, y no sólo los acreedores, se sienten a la mesa a negociar.

Por su parte, los representantes José Enrique “Quiquito” Meléndez y María Milagros Charbonier presagiaron el comienzo de un proceso que terminará con un ataque al Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR).

“Es evidente que el gobernador y los legisladores del Partido Popular Democrático, si aprueban un proyecto para decretar una moratoria unilateral de las obligaciones del BGF o de todo el gobierno, se provocará una avalancha de demandas y pleitos en los tribunales de Puerto Rico y provocará una crisis constitucional. Estos pleitos nacen de la prelación constitucional sobre el pago de las obligaciones del gobierno de Puerto Rico, específicamente del Artículo VI, sección 8 de la Constitución de Puerto Rico”, señaló Meléndez en un parte de prensa.

Mientras, Charbonier expresó que “es clara la estrategia del gobierno de mover la controversia a los tribunales para que luego, cuando el Tribunal Supremo invalide la ley, culpen al tribunal por el cierre del gobierno. Este no es momento de crear crisis adicionales, es momento de buscar soluciones y resolver la crisis”.

Entretanto, el representante Carlos “Johnny” Méndez también repudió la movida del gobierno.

“Esta mal llamada ‘moratoria’ no es otra cosa que un impago. Es un eufemismo, un juego de palabras. Lo que pretende la administración de García Padilla es tratar de engañar una vez más al pueblo de Puerto Rico, con medidas de último momento, para hacer ver que están haciendo algo; cuando en realidad lo que podrían estar haciendo es el ridículo. Esta ley, después de aprobada, de seguro terminará en los tribunales y posiblemente tenga el mismo resultado que la Ley de Quiebra Criolla y el impuesto a Walmart: declaraciones de inconstitucionalidad por parte de los tribunales”, dijo el portavoz alterno de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara.

El legislador estadista recordó que la Constitución, en la sección 7 del Artículo 2, establece que si no hay suficientes recursos para cubrir los gastos de un año fiscal, se pagarán primero las obligaciones de los bonos, y luego las demás obligaciones del ELA.