EL CAPITOLIO (CyberNews) – El representante popular, Jesús Manuel Ortiz reveló una comunicación que le envió la Junta de Control Fiscal (JCF) el pasado 6 de septiembre en la que se indica que está examinando las denuncias sobre las alegadas faltas administrativas en las operaciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y rechaza alegaciones del secretario, Erik Rolón sobre la alegada falta de recursos.

“El secretario Erik Rolón ha expresado que las medidas de seguridad entre oficiales de custodia y confinados han fallado. Ha expresado, además, que la falta de atención a las necesidades de los oficiales de custodia es el resultado de una baja presupuestaria en la nómina, a pesar que durante el año fiscal 2019 (el secretario) no gastó 10 millones de dólares de las asignaciones hechas para nómina; y, en además, tuvo un sobrante de 12.9 millones de dólares que transfirió al Departamento de Salud. Más importante aún, es el hecho de que se ha aprobado un aumento de entre 7 hasta 26 millones de dólares para gastos de nómina y gastos operacionales dispuestos en el presupuesto del año fiscal 2020”, expresa la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko en la comunicación enviada al legislador.

“La Junta de Control Fiscal está examinando este asunto con mucha seriedad y tan pronto concluya nuestro análisis, compartiremos con usted los resultados del mismo”, agrega la funcionaria.

El legislador del Partido Popular Democrático (PPD) dijo que Rolón recientemente ha atribuido las recientes muertes e incidentes en las cárceles a una alegada reducción presupuestaria en las asignaciones de nómina.

“La JCF ha destapado el caos administrativo que mantiene el secretario de Corrección, quien, evidentemente, ha sido negligente en el manejo de esa importante agencia. La situación fiscal que atraviesa Puerto Rico requiere que cada agencia maximice los pocos recursos que tiene para garantizar los servicios que ofrece, no para atender agendas ajenas a esa obligación. En el DCR impera un caos administrativo que va desde señalamientos serios en el manejo de subastas hasta mal manejo de personal, afectando así la seguridad de oficiales y los servicios a los confinados. Es hora de que la gobernadora Wanda Vázquez tome cartas en el asunto”, dijo Ortiz.

El legislador por acumulación, quien es, además, el portavoz del PPD en la Comisión de Seguridad, sostuvo que la crisis en el sistema de corrección se extiende no sólo a las facilidades y condiciones de los confinados, sino que también incluye las instituciones juveniles y los programas de asignación de oficiales de custodia.