SAN JUAN (CyberNews) – El secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, dio a conocer el lunes, la radicación de 48 cargos criminales contra Petro West y su dueño y presidente ejecutivo, José González Amador, por supuestamente, apropiarse ilegalmente de 10 millones de dólares de fondos públicos provenientes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Miranda aseguró que, según la acusación, González Amador cobró a la AEE un impuesto de 0.5 por ciento por concepto de patentes municipales en todas las facturas de venta de combustible durante los pasados cuatro años fiscales, logrando así apropiarse de 10,800,591.63 de dólares de fondos públicos.

“Esta sobrefacturación, a sabiendas de que en ningún municipio pagaría un impuesto de 0.5 por ciento, tuvo la intención de desfalcar el erario, acto que nos viene afectando a todos pues las sumas infladas que cobró de más a la AEE impactaron negativamente el cálculo mediante fórmula del renglón de ‘ajuste por combustible’. Este delito es inaceptable y no podemos tener ninguna tolerancia a quien se roba el dinero de las contribuciones nuestras, máxime en tiempos en los que atravesamos una crisis fiscal sin precedente. Nos encontramos en momentos en los que se experimenta una reestructuración de la AEE, se negocia su deuda y se corren riesgos por la falta de financiamiento, entre otros factores. Ahora más que nunca tenemos que encausar a quienes nos traicionan y enviar un mensaje de pulcritud y honestidad a la hora de hacer negocios con el gobierno”, precisó Miranda en un parte de prensa.

Según el secretario de Justicia, el esquema consistía en negociar una rebaja del impuesto en los municipios de Hormigueros, Mayagüez, Peñuelas y Arecibo, llegando a obtener incluso una exención total del impuesto con el municipio de Hormigueros y Arecibo, mientras continuaba facturando el 0.5 por ciento, por concepto de este impuesto, a sabiendas de que no procedía dicho cobro.

Mencionó que, la intención criminal, según la investigación conducida por fiscales de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor adscrita al DJ, quedó clara mediante prueba testimonial y documental que evidencia que González Amador conocía que el cobro de 0.5 por ciento era el tope que los municipios podían cobrarle a Petro West por la venta de combustible y hacer negocio en sus municipalidades. Sin embargo, tras presentarse evidencia de que González Amador gestionó y obtuvo rebajas de esos impuestos en los cuatro municipios, el imputado conocía de antemano que el cobro de un 0.5 por ciento en sus facturas a la AEE no procedía pues en ninguno de los mencionados municipios se le requería el pago de dicho por ciento.

Miranda dijo que, por estos hechos, el Ministerio Público representado por los fiscales Carmen Padilla e Iván De Jesús, la agente Nirka Burgos del Negociado de Investigaciones Especiales y las funcionarias de la Oficina del Contralor, Laura Hernández y Liza Vélez – presentó 5 cargos por apropiación ilegal agravada de fondos públicos contra González Amador y 5 cargos por la misma infracción contra la corporación Petro West Inc., para un total de 10 cargos.

Durante la vista de causa para arresto testificaron dos auditoras de la Oficina del Contralor.

De otro lado, los restantes 38 cargos por apropiación ilegal agravada de fondos públicos corresponden a 19 cargos contra González Amador y 19 que se le imputan a la corporación por apropiarse de 69,584.78 dólares que cobró por adelantado a la AEE por concepto del “Excise Tax”. Este arbitrio es de 8 centavos por galón, que se supone que remitieran mediante pago mensualmente al Departamento de Hacienda por la venta de combustible entre los años 2012 y 2013. Petro West Inc. retuvo y disfrutó los casi 70,000 dólares durante los años subsiguientes y no es hasta el comienzo de la investigación en el año 2015 que presentó las planillas.

La jueza Karem Álvarez Echeandía, de la Sala de Investigaciones del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, luego de recibir la prueba se reservó la determinación en cuanto a los 48 cargos de apropiación ilegal agravada que fueran presentados para el martes 28 de junio a las 9:30 de la mañana para poder examinar la prueba presentada.