“Johnny” Méndez repudia determinación del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston sobre la JCF

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EL CAPITOLIO (CyberNews) – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, repudió el lunes, la determinación del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston sobre el pleito presentado por los presidentes legislativos en contra de los poderes de la Junta de Control Fiscal (JCF) y la certificación del Plan Fiscal.

El cuerpo legislativo reclamaba que la JCF excedió sus poderes en el desarrollo y certificación del Plan Fiscal y el Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2019.

“La decisión de los Jueces Asociados del Tribunal Apelativo en Boston es una errónea, que atenta contra los principios básicos del sistema republicano de gobierno que nos rige. La determinación deja claro, una vez más, lo asqueante de nuestra condición colonial, algo que hemos denunciado por décadas. La Junta de Supervisión Fiscal sí tomó venganza contra la Cámara de Representantes y el Senado por no aprobarles una pieza de legislación. No me cabe la menor duda que eso quedó totalmente demostrado. La Junta se excedió en su mandato, según fue estipulado en la Ley PROMESA y es por eso que entendemos que Boston se equivocó”, dijo Méndez Núñez en comunicación escrita.

“Ante este panorama, he instruido a nuestros abogados, a quienes agradezco por las largas horas de trabajo y el compromiso demostrado para hacer valer los derechos democráticos de los ciudadanos americanos en Puerto Rico, la evaluación de acciones subsiguientes, incluyendo, acudir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Los derechos de esta Asamblea Legislativa se respetan. Esos derechos fueron delegados por la Constitución de Puerto Rico, la Ley de Relaciones Federales, la Ley 600 que PROMESA no eliminó, y más importante aún, por nuestros constituyentes, los cuales nos eligieron para gobernar”, añadió.

“Nosotros vamos a luchar, vamos a pelear por terminar con esta condición colonial que nos ha atado a la miseria, a mendigar en vez de exigir y a tener una Junta con poderes casi absolutos. Nosotros no pedíamos la Junta, el Partido Popular Democrático lo hizo en un intento de extender el moribundo e inmoral estatus colonial. Hablo por los miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes cuando digo que esta batalla la vamos a ganar, no por nosotros, pero si por el pueblo de Puerto Rico. Los días de la colonia, los días de la imposición, están contados. Puerto Rico será admitido como un estado de la unión”, señaló.

La directora de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko le dio la bienvenida a la decisión del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de Estados Unidos que el pasado viernes 22 de febrero desestimó una demanda de la Legislatura.

“La Junta continúa operando bajo su mandato legal y dentro de su autoridad fiscal, a pesar de las acusaciones incorrectas con respecto a los supuestos excesos de poderes”, dijo Jaresko en declaraciones escritas.

Detalló que la Ley PROMESA “concede a la Junta de Control Fiscal la autoridad exclusiva de certificar planes fiscales y presupuestos territoriales para Puerto Rico”, según la decisión del Primer Circuito. “Cuando la Junta de Control certificó el Plan Fiscal y el Presupuesto para el 2019, ejerció la autoridad que le concede PROMESA”, agrega.

“Estamos determinados a ejercer nuestra parte para ayudar a que Puerto Rico se recupere de su crisis fiscal y que pueda establecer las bases para un desarrollo económico sostenible que mejore la calidad de todos los puertorriqueños. Esperamos que la decisión del Tribunal ponga final a litigaciones innecesarias y motive a todas las ramas del gobierno a enfocarse en los objetivos de PROMESA, en cuanto a responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de capital”, agregó la funcionaria.

El Primer Circuito estableció que “PROMESA autoriza a la Junta a adoptar planes y presupuestos fiscales, que incentiven a la Asamblea Legislativa a promulgar las políticas y contabilidad recomendadas por la Junta y dar cuenta de las respuestas de la Asamblea Legislativa a esas políticas recomendadas”.

“Ciertamente, es difícil ver cómo, sin tales poderes, la Junta podría ser efectiva”, declaró el Tribunal.