SAN JUAN (CyberNews) – El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz González denunció el lunes, que el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) fuerza a los municipios a aumentar las contribuciones municipales por patentes como un mecanismo de subsistencia, supuestamente, para satisfacer el pago de la deuda del gobierno central.
Por ello, el legislador emplazó al gobernador Ricardo Rosselló Nevares a desaprobar el Proyecto de la Cámara 971.
“Miembros de la mayoría legislativa del PNP en la Cámara de Representantes presentaron un proyecto de ley que pretende aumentar las tasas contributivas de los ingresos por patentes municipales como un mecanismo de subsistencia forzosa para enfrentar los recortes de 350 millones de dólares en subsidios que se usarán para el pago de la deuda pública. Este proyecto, que lleva una semana en trámite legislativo y que representará un aumento de hasta un 80 por ciento del pago de patentes de los comerciantes, aún no ha sido rechazado por el gobernador Ricardo Rosselló. El gobernador ha guardado silencio sobre esta medida que claramente contradice su palabra”, expresó el legislador en conferencia de prensa.
Ortiz González explicó que el Proyecto de la Cámara 971 pretende autorizar a los municipios a subir las tasas del pago de patentes municipales de 1.50 por ciento a 1.90 por ciento en los negocios financieros y de 0.50 por ciento a 0.90 por ciento a los negocios corrientes no financieros. Estos aumentos, de ejecutarse, representarían un aumento anual promedio de 420 millones de dólares de nuevos impuestos a los comerciantes y las empresas.
“De aprobarse esta medida, se desatará una reacción en cadena ya que el efecto del mismo será, además de un aumento en las contribuciones de las empresas y comercios, un aumento de precios en los productos, un aumento en las quiebras de aquellos pequeños negocios que tienen un margen de ganancia mínimo y, por consiguiente, el despido de trabajadores”, señaló.
A manera de ejemplo, el legislador por acumulación dijo que de aprobarse la medida y los municipios refrendarla, un colmado que tuvo ingresos brutos de 200,000 dólares el año pasado, bajo el sistema actual paga 1,000 dólares de patente, pero bajo la nueva ley, tendría un pago de 1,800 dólares lo que representaría un aumento de 800 dólares o un 80 por ciento en su planilla.
Igualmente, una empresa que tiene varios restaurantes que generan ingresos brutos por 800 mil dólares, tendría un pago anual promedio de 7,200 dólares que representaría 3,200 dólares más de lo que paga al presente.
“Además, este impuesto es específicamente negativo por el hecho de que el impuesto se fija sobre el volumen de ventas, o sea, al ingreso bruto. Esto puede tener un impacto especialmente negativo en las PyME’s que por la naturaleza de su negocio tienen poco volumen de ventas y poco margen de ganancias”, alertó el representante.
“Proponemos, primero, crear un mecanismo de auto tasación de la compraventa de propiedades que ofrezcan un incentivo al entrar voluntariamente al sistema; segundo, utilizar las tasaciones de cierres de compraventas de propiedades como instrumentos temporeros de cálculo de pago, hasta tanto los municipios culminen la tasación y se ajuste el cómputo a la tasación final; tercero, incorporar al sistema toda propiedad inmueble o en desuso que no haya sido tasada incentivando al dueño con descuentos y ajuste de depreciación por un periodo de tres a cinco años; y cuarto, que se le otorgue prioridad a los municipios, a través del mecanismo de empresas municipales, para que puedan proveer servicios de mantenimiento y operación de viviendas públicas, mantenimiento de escuelas, transportación escolar y/o tutorías estudiantiles lo que le representarían una inyección de millones de dólares en fondos federales”, dijo.
“Nuestro llamado hoy es a que el gobernador se exprese sobre esta medida, desapruebe este impuesto y le de paso a alternativas como las que hemos presentado, que ayudarían a mantener la prestación de servicios esenciales en los municipios. Para ello, si verdaderamente desean proteger los servicios esenciales que en gran medida ofrecen los municipios, deben empezar por restituir los subsidios municipales, darle herramientas para reestructurar su deuda y encaminar nuevas medidas menos onerosas al bolsillo de la gente y los comercios. El Gobernador tiene la palabra”, expresó finalmente Ortiz González.
