SAN JUAN (CyberNews) – La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció el martes, la asignación de 2,723,083 millones de dólares en fondos federales destinados a atender casos de mujeres víctimas de violencia física y sexual proveniente de distintos programas de la oficina de la Violencia en Contra de la Mujer del Departamento federal de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

“Cada vez se escucha con mayor frecuencia e intensidad los casos de violencia hacia las mujeres en la Isla. Esto es una situación preocupante que se debe atacar con urgencia, y la llegada de estos fondos federales va a ayudar a que la OPM y a otras organizaciones puedan atender y proveer asistencia directa a las mujeres en la Isla”, expresó la comisionada residente quien es copresidente del Caucus de la Mujer en el Congreso, a través de expresiones escritas.

Detalló que la nueva asignación de 1,759,826 dólares para la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) de Puerto Rico bajo el programa STOP, son destinados a desarrollar y fortalecer servicios a las víctimas en casos de crímenes violentos, incluyendo acoso sexual y persecución.

Por otro lado, OPM recibirá 413,245 dólares bajo el programa SAS, el cual provee asistencia a los estados y territorios apoyando a centros de crisis por violación y otras organizaciones sin fines de lucro en la intervención directa y asistencia relacionada a víctimas de agresión sexual.

La escuela de Medicina San Juan Bautista recibirá 550,000 dólares bajo el programa Justicia para las Familias o Justice for Families Program. Dichos fondos están fueron asignados a la institución para que, en colaboración con la Oficina Administración de los Tribunales, establezcan y supervisen un programa en las regiones judiciales de Caguas y Utuado para atender y mejorar la eficiencia en los procedimientos de la corte en casos de familias con historial de agresión sexual violencia doméstica, y persecución, o en casos de alegación de abuso sexual de menores.

Específicamente, esta asignación de fondos a la institución universitaria ayudará a contratar un director de proyecto; dos coordinadores de proyectos, uno para cada región judicial; asistente de actividades; reclutamiento y entrenamiento de 12 voluntarios para cada región para observar y reportar actividades de la corte. Igualmente, ayudará al desarrollo de manuales operativos y de entrenamiento de vigilancia de la corte para evaluar y discutir potenciales cambios a los procedimientos judiciales para estos casos de familias.