SAN JUAN (CyberNews)- La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko informó el domingo que no aceptaron 30 millones de dólares en unas partidas del Presupuesto “y, por lo tanto, son inválidos bajo la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico de 2016 (PROMESA)”.
“Las Resoluciones Conjuntas no están exentas del proceso de certificación del presupuesto, independientemente de que hayan recibido aprobación legislativa. Todo gasto gubernamental, sin excepción, tiene que ser parte del proceso del presupuesto establecido en PROMESA”, dijo Jaresko en declaraciones escritas.
“Esa disciplina es indispensable para la responsabilidad fiscal de Puerto Rico y para asegurar que las prioridades del propio gobierno, así como los servicios que son importantes para el pueblo de Puerto Rico, puedan ser sufragados adecuadamente”. “Los contribuyentes puertorriqueños merecen tener total visibilidad sobre el gasto gubernamental”, añadió.
Expuso que algunas de las asignaciones datan de las décadas de 1980 y 1990. Mencionó que se alertó al gobierno de que estaba en incumplimiento al respecto de estas asignaciones mediante carta fechada el 28 de febrero de 2019 y le requirió notificación al respecto de cualquier desembolso de fondos.
“Al día de hoy el gobierno no ha provisto la información requerida. Si la información no se recibe para el 15 de mayo de 2019, la Junta procederá a ejercer su autoridad bajo PROMESA. La Junta sigue dispuesta a trabajar con el gobierno para identificar áreas de las cuales se pueda hacer una reasignación de fondos presupuestados para el año fiscal 2019 si fondos no-presupuestados hubieren sido gastados ya como resultado de estas Resoluciones Conjuntas”, declaró.
Según Jaresko, para resolver la controversia, la Asamblea Legislativa debe establecer un proceso competitivo y público mediante el cual los municipios sometan proyectos capitales que busquen acceder al Fondo de Mejoramiento Municipal.
Se le solicitó al Gobierno una respuesta a estas recomendaciones dentro de 90 días.
“Además, con respecto a prácticas presupuestarias y controles, la Junta determinó que los gastos de la Oficina de Administración de Recursos Humanos y Transformación del Gobierno de Puerto Rico alcanzaron 2, 500,671 de dólares al cabo del tercer trimestre. Eso es 148,671 dolares por encima de la cantidad agregada en el presupuesto certificado para todo el año fiscal. De conformidad con la Sección 203 de PROMESA, la Junta le pidió al gobierno que explique dicha inconsistencia no más tarde del 15 de mayo de 2019”, concluyó Jaresko.
