SAN JUAN (CyberNews) – El presidente de la Comisión cameral de Transportación, Infraestructura y de Recreación y Deportes, Ramón Luis Cruz Burgos dijo el jueves que no hay excusa con la tardanza para que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) enmiende el reglamento para que entre en vigor la que sería la última amnistía de multas de tránsito en el país.
“Hay 130 mil explacao’s en la calle y lo que aspirarnos es corregir ese asunto y obviamente para poder corregirlo y establecer unas reglas de juego, tenemos que dar una amnistía. Esa amnistía se supone que hubiese entrado en vigencia hace rato porque no hay una excusa real para que ese reglamento no esté listo”, dijo Cruz Burgos en una entrevista radial (NotiUno).
El legislador dijo que no se supone el proceso se hubiese tardado tanto, pues ya existe un reglamento. La única diferencia es que esta amnistía concede un descuento mayor de 60 por ciento y la fecha de vigencia de la misma. Alegó que habían hablado con el secretario del DTOP, Miguel Torres para que el reglamento estuviera listo previo a que el gobernador, Alejandro García Padilla firmara la legislación y la convirtiera en ley, de manera que la amnistía se implementara rápidamente. Además dijo que incluso ofreció la ayuda del personal de su oficina para la preparación del reglamento.
García Padilla convirtió la medida en ley el pasado 9 de mayo. Cruz Burgos explicó que la misma establece un tope de 500 dólares para que la gente no acumule tanto dinero en multas y pueda renovar su licencia en lugar de no pagarlas y optar transitar por las vías públicas sin los debidos permisos. Dijo que de acuerdo con cifras del DTOP, hay cerca de 130 mil conductores sin licencia en el país y cerca de 1.1 millones de personas con multas.
No obstante, el legislador dijo que su interés principal no era generar recaudos con esta amnistía. “Yo, desde mi punto de vista nunca trabajé como una intención de recaudo. Hay cerca de 700 millones de dólares en la calle. Sabemos que si el ciudadano no fue proactivo en pagar y el gobierno tampoco fue proactivo en cobrar, esa deuda es prácticamente incobrable. Desde mi punto de vista lo que estamos es buscando que las personas tengan los permisos al día por si tienen un accidente, que los seguros le cubra”, dijo al asegurar que habrá un recaudo menor a lo acumulado, dado el descuento de 60 por ciento.
De otra parte, ante la aceptación de irregularidades con las multas de AutoExpreso por parte de la empresa Gila, el legislador recomendó la cancelación del contrato.
“No lo están operando adecuadamente (el sistema). La excusa que ellos dan es que es un sistema de 2003 que el Departamento de Transportación y Obras Publicas y la Autoridad de Carreteras les proveyó unas herramientas que no son operables y por eso están cometiendo errores… La pregunta sobre la cancelación del contrato la debe contestar el secretario. La realidad es que no está operando adecuadamente. Yo no continuaría con ese contrato”, señaló.
