La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió ayer en ley una medida de su autoría que fomenta el acceso a la justicia, al incluir a las víctimas de trata humana como elegibles para recibir compensaciones bajo la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito.
La nueva Ley 121-2026, que corresponde a la Medida de Administración A-103 y al Proyecto del Senado 928, excluye a la víctima de trata humana de la disposición que existía en ley e impedía ofrecer compensación a una víctima que ha participado en conducta delictiva.
“Nuestra administración está tomando acción para fortalecer la protección de las poblaciones vulnerables, evitar la revictimización, fomentar la denuncia de los tratantes y ampliar el alcance de los servicios de la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos del Delito”, indicó la mandataria.
La medida es cónsona con la Ley 141-2025 que modificó el Código Penal que excluye de responsabilidad penal a las víctimas de trata cuando cometen delito como parte de su condición de víctima. Además, constituye un esfuerzo adicional en la lucha contra la trata humana en Puerto Rico y es cónsono con el Programa de Gobierno en cuanto al trato a los testigos y víctimas de delito.
