LA FORTALEZA (CyberNews) – El gobernador Alejandro García Padilla arremetió en la noche del miércoles contra el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, por su solicitud a la Junta de Control Fiscal de que se establezca una sindicatura para la dependencia que dirige.

“Las expresiones del secretario de Hacienda son desacertadas y queda totalmente desautorizado. Desde los comienzos de mi administración, hacer que el departamento y los servicios que provee sean eficientes, ha sido la prioridad. En tiempos de estrechez económica hemos implementado medidas de fiscalización sin precedentes que han redundado en capturar recaudos para el erario.

Nos falta trabajo por hacer. Precisamente el reconocimiento de ese hecho, unido a la inclusión de medidas en el plan fiscal presentado el pasado viernes, es encaminar al país mediante acciones concretas en la dirección correcta. En cuanto a Hacienda, el plan fiscal contempla medidas para generar eficiencias y aumentar recaudos por medio de monitoreo y fiscalización adecuados.  Esas medidas, junto a muchas otras, viabilizarán que podamos proteger los dineros de los pensionados y permitirán inversión que genere desarrollo económico.

La Junta de Supervisión Fiscal creada por PROMESA, no tiene autoridad para ordenar una sindicatura del Departamento de Hacienda, ni de ninguna otra entidad del gobierno.  Y si la tuviera, no la aceptaría.  El rol de la Junta, una vez certificado que el plan fiscal cumple con los parámetros de la ley, se circunscribe a asegurarse que los presupuestos se ajusten al plan de forma tal que continuemos la ruta hacia la recuperación económica.

Mi instrucción al secretario es que continúe realizando el trabajo que hemos comenzado en beneficio de todos los contribuyentes puertorriqueños. Es impostergable, ante las perjudicadas finanzas del país, rendirnos y entregar lo que hasta el día de hoy  hemos logrado”, dijo García Padilla en declaraciones escritas.

En entrevista conjunta con Sincomillas.com y News is my Business, el funcionario abundó que la sindicatura evitaría que se hicieran transacciones significativas sin la aprobación expresa del organismo creado por la ley PROMESA, a la vez que aceptó sería “un mecanismo más invasivo” que el que mantiene la Junta sobre varias agencias a las que les ha solicitado un plan fiscal.