García Padilla había dicho hace dos semanas en una videoconferencia con periodistas de Puerto Rico y Estados Unidos que cubren la crisis fiscal que estaba en espera de este documento del tribunal para dar la información.

El gobierno no apeló la determinación del Tribunal Apelativo que confirmó en abril que es pública la identidad de las compañías de fondos de cobertura que adquirieron bonos del gobierno en la emisión de marzo de 2014 y la cantidad de bonos que cada una de ellas obtuvo, así como la identidad de los miembros del Comité Ad Hoc de bonistas y los términos y condiciones que éstos pusieron al gobierno en una propuesta escrita.

El CPI solicitó al gobernador y al nuevo presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Alberto Bacó, que no retrasen más el proceso de entrega de la información solicitada sobre los bonistas por cuestiones burocráticas.

“Emplazamos al gobierno de García Padilla a que cumpla cuanto antes con la sentencia y haga valer su discurso público de estar a favor de la transparencia. Más de un año en los tribunales para tener una información que es pública es vergonzoso para un gobierno que se proclama paladín del acceso a la información”, expresó Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.

“Si existe la voluntad de dar la información no se tenía que esperar por el papel del mandato. Esto deja claro que aún cuando prevalecimos, el gobierno sigue poniendo trabas. Es la evidencia de que esta administración ha estado obstaculizando el acceso a la información pública usando todas las armas posibles. El mandato sólo establece que el Tribunal de Primera Instancia pueda continuar con los procedimientos. Nada impide que compartan la información ahora”, manifestó el abogado Osvaldo Burgos, de la Clínica Legal de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

Carla Minet mencionó además que este es un ejemplo de las trabas que enfrenta una organización periodística para obtener acceso, lo que expone a su vez que la ciudadanía tiene retos aún mayores para lograr conseguir documentos e información pública. A estos efectos, el Centro de Periodismo Investigativo desarrolló este año junto con Espacios Abiertos una propuesta legislativa para atender las limitaciones del acceso a la información y la transparencia.