El gobernador Alejandro García Padilla decretó hoy, mediante órdenes ejecutivas, la suspensión del pago de las obligaciones generales garantizadas por el Estado Libre Asociado y las obligaciones de otras entidades públicas, conforme con la Ley de Moratoria, Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico.
Entre las medidas tomadas hoy, se detiene la transferencia del impuesto al consumo del cigarrillo a la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), acorde con el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 y se autoriza la suspensión de los pagos por concepto de arrendamiento de todas las entidades gubernamentales declaradas en estado de emergencia a la Autoridad de Edificios Públicos. Por otro lado, cualquier obligación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para incluir una consignación en el presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa para el pago de los bonos emitidos por la Corporación para el Financiamiento Público de Puerto Rico queda suspendida.
Asimismo, se declara en estado de emergencia la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, el Sistema de Retiro de Empleados, la Compañía de Fomento Industrial y la Universidad de Puerto Rico (UPR), para garantizarle a estas entidades las protecciones contra litigios que ofrece la Ley de Moratoria Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico y proporcionar al gobierno central los recursos necesarios para su operación. 
De esta manera, la actual administración continúa tomando pasos históricos para asegurar la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía, como parte de su política pública aún en medio de la delicada situación financiera por la que atraviesa el país. Sin embargo, el gobernador García Padilla ha sido claro en cómo la insuficiencia de fondos le impide al país continuar realizando los pagos de la deuda pública. Ante estas circunstancias, mediante orden ejecutiva, se protegen los limitados recursos disponibles en las agencias señaladas en estas órdenes, evitando que estos puedan ser reclamados por los acreedores y se deje desprovista a la ciudadanía de servicios básicos. Estas medidas son razonables y necesarias para garantizar los servicios esenciales mientras se reestructura la deuda al amparo del andamiaje legal que ofrece PROMESA.
 
Aunque la actual administración ha expresado su satisfacción con la aprobación en la legislatura estadounidense del proyecto Promesa, reconoce que existen pasos importantes a nivel local que deben ser tomados a la par con esta medida para garantizar una recuperación económica sostenible para Puerto Rico, como es el caso concreto de estas órdenes ejecutivas.