Las organizaciones que integran el Frente, que representan a pensionados del Gobierno Central, la Judicatura y el Magisterio, señalaron que la participación activa de las agencias fiscales es esencial para que el proceso legislativo avance con la información técnica necesaria. La Comisión de los Sistemas de Retiro de la Cámara de Representantes, presidida por la representante Lourdes Ramos Rivera, citó mañana, miércoles, a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para esta nueva fase de evaluación del proyecto.
“El país necesita escuchar la posición de las agencias fiscales sobre una medida que impacta directamente la vida de más de 160 mil jubilados que incluyen de gobierno central , judicatura y magisterio, la participación de estas agencias es clave para que este proceso avance con transparencia y responsabilidad”, indicó Susan Rivera Miranda quien es portavoz Capítulo Jubilados Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE)
Rivera Miranda destacó que el PC 45 más que atender una deuda histórica con los pensionados, establece un mecanismo concreto para enfrentar la pérdida del poder adquisitivo que han sufrido las pensiones durante casi dos décadas.
Actualmente, miles de jubilados del gobierno enfrentan una reducción real en sus ingresos debido al aumento sostenido en el costo de vida. Según datos discutidos en vistas públicas y estudios previos, la pérdida acumulada en el poder adquisitivo de las pensiones ronda el 40%, lo que ha colocado a una gran parte de esta población en condiciones económicas cada vez más vulnerables.
El PC 45 propone, como medida inicial, un ajuste general de entre 7 % y 10 % en las pensiones, seguido por la implementación de aumentos automáticos anuales vinculados a la inflación, utilizando como referencia el mecanismo federal COLA (Cost of Living Adjustment) del Seguro Social.
“El proyecto establece un mecanismo justo y probado para evitar que las pensiones continúen perdiendo valor año tras año. No actuar perpetúa una realidad que afecta la estabilidad económica de miles de familias en Puerto Rico”, señaló, por su parte, Joaquín Pérez Cruz quien es portavoz Asociación Pensionados del Gobierno de Puerto Rico (APGPR)
Las organizaciones también subrayaron que el proyecto identifica fuentes de financiamiento viables, particularmente a través de los recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) que ingresan al Fondo General, lo que permite atender esta medida sin comprometer la estabilidad fiscal del gobierno.
Mientras, Nilda Laureano Rodríguez quien es portavoz Asociación Profesionales Jubilados (APJ) afirmó que “los propios aumentos en el costo de vida han generado mayores recaudos para el gobierno. Es razonable que parte de esos recursos se utilicen para compensar la pérdida que han sufrido los pensionados como consumidores”.
El Frente enfatizó además que la aprobación del PC 45 representa una medida de justicia social y, a su vez, una política pública con impacto económico positivo para el país.
“Invertir en los pensionados es invertir en la economía del país. Cada dólar que se destina a esta población regresa a la economía local a través del consumo en nuestras comunidades”, añadió Laureano Rodríguez
El Frente en Defensa de las Pensiones reiteró su expectativa de que las agencias fiscales comparezcan en esta segunda etapa de vistas públicas y presenten su evaluación sobre el proyecto, de manera que la Asamblea Legislativa pueda continuar con el análisis de esta medida con la información necesaria.
“La discusión del PC 45 no puede seguir retrasándose. El país tiene ante sí la oportunidad de atender con seriedad y responsabilidad una situación que impacta a una de las poblaciones más vulnerables”, concluyó Pedro Pastrana Ortiz Capítulo Jubilados Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR)
