EL CAPITOLIO (CyberNews) – Dos exgobernadores del Partido Popular Democrático (PPD), Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá, expusieron el martes en ponencias mediante vista pública, que no necesitan escoltas policiacas pagadas con fondos públicos.
“La criminalidad y la falta de oficiales de la Policía continúan al día de hoy. No me parece procedente que se invirtieran fondos públicos en una protección que yo no necesitaba”, explicó en un memorial escrito la exgobernadora del Partido Popular Democrático (PPD), quien renunció a su escolta el pasado 21 de octubre de 2009.
Por su parte, Aníbal Acevedo Vilá, expresó estar a favor del Proyecto de la Cámara 19. “Estoy plenamente convencido de que las escoltas policiacas son un privilegio que los exgobernadores no necesitamos y por el cual el país no debería tener que pagar ni un centavo, aún menos si se trata de un privilegio que se le podrá extender a un exgobernador que renunció al cargo”, sentenció en su escrito explicativo el exgobernador del PPD.
La Comisión de lo Jurídico, presidida por el representante Orlando Aponte Rosario, atendió en vista pública el Proyecto de la Cámara 19, que busca aclarar los derechos o beneficios que ostentaría un exgobernante.
De ser aprobada, la pieza legislativa, enmendará el artículo 6 de la Ley 2 de 26 de marzo de 1965, según enmendada, conocida como “Ley para Conceder una Anualidad Vitalicia y otras Facilidades a Ex-Gobernadores” y el artículo 2.16 de la Ley 20-2017.
La medida presentada por los representantes Rafael “Tatito” Hernández Montañez, Orlando Aponte Rosario y la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), busca establecer que los exgobernantes no disfrutarán de los beneficios si deciden renunciar al cargo y eliminar la discreción del Comisionado de la Policía para proveer escoltas a un exfuncionario.
El representante Aponte Rosario mencionó que la Comisión de lo Jurídico solicitó la opinión sobre el Proyecto de la Cámara a los exgobernadores Luis Fortuño Burset, Carlos Romero Barceló, Wanda Vázquez Garced, Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá. Sin embargo, únicamente recibieron respuestas de Calderón y Acevedo.
La sesión pública contó con la opinión de representantes del Departamento de Seguridad Pública, Departamento de Justicia, Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda.
“La posición del Departamento de Justicia es que las limitaciones propuestas en el Proyecto de la Cámara 19 deben tener carácter prospectivo para que sea compatible con las normas vigentes en nuestro ordenamiento. La intención legislativa de aminorar los gastos del erario para fortalecer la salud fiscal del Gobierno de Puerto Rico es legítima, y persigue el mismo fin que otras legislaciones y órdenes ejecutivas aprobadas en pasados años”, expresó el licenciado Iván Soto Vegués, representante de Justicia.
Por otro lado, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), expresó a través de una comunicación firmada por el director de la agencia, Juan Carlos Blanco Urrutia, que el asunto atendido (en el Proyecto) es de gran relevancia y representa un esfuerzo legítimo por parte de la Legislatura. “Sin embargo, habiendo evaluado la medida, entendemos que su aprobación no tendría un impacto adverso sobre los presupuestos, ni presenta asuntos de índole programáticos y de gerencia administrativa, así como de gerencia municipal en el gobierno. Por el contrario, propone mecanismos dirigidos a generar nuevos ingresos al Fondo General”, rezó la misiva.
También, la discusión contó con la representación del Movimiento Victoria Ciudadana a través de su portavoz en la Cámara, Mariana Nogales Molinelli. “Yo aquí quiero hablar de las querellas por agresiones sexuales que no han sido atendidas por falta de policías. Aquí no necesitamos un policía guiando a un exgobernador. Necesitamos que ese dinero vaya, por ejemplo, a conseguir más trabajadores sociales para el Departamento de la Familia. Es más, este proyecto de ley debería ir más allá y eliminar prospectivamente las escoltas en su totalidad. Este proyecto nos debe mover a una reflexión en un momento donde hay tantas políticas de austeridad”, sentenció Nogales.
“¿Ha habido alguna querella que atente contra la seguridad de los exgobernadores que actualmente tienen escoltas?”, cuestionó Aponte Rosario al Negociado de la Policía. “No, hasta el momento”, respondió el teniente Jaime Corea Negrón de la Policía. Por otro lado, Nogales preguntó al Negociado de la Policía si algún miembro de la Junta de Control Fiscal tiene al momento alguna escolta asignada. “No, al momento no”, aseguró Estrella Del Mar Vega, representante de Seguridad Pública.
Al reclamo de Nogales, de priorizar los servicios, se le unió la representante y portavoz del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz. “¿Cuántos policías actualmente hay en Puerto Rico?”, cuestionó Burgos. La respuesta de la Policía fue que existen aproximadamente 12,000 oficiales. “Debe ser política pública el reducir las escoltas, con el fin de ayudar a garantizar los fondos para los servicios esenciales”, explicó la representante.
Los representantes de los distintos partidos realizaron múltiples solicitudes de información a Seguridad Pública y Hacienda sobre los gastos actuales del Gobierno de Puerto Rico en asuntos relacionados a escoltas de exgobernadores y funcionarios públicos. “Queremos conocer cuánto le cuestan las escoltas al País”, explicó Aponte Rosario.
