SAN JUAN (CyberNews) – El presidente del Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Guillermo Guasp Pérez denunció el miércoles que el atraso en la publicación del informe de las becas presidenciales puede tener el efecto de que prescriban los posibles delitos acometidos en el proceso de otorgar las Becas Presidenciales.
Según señaló, la comisión investigadora, integrada por los licenciados Samuel Céspedes Soto, Dora Monserrate Peñagarícano y Juan A. Casillas Fernández, señaló en la transmisión de la reunión de la Junta de Gobierno que como resultado de su investigación pudieron demostrar que hubo incumplimiento con los reglamentos universitarios, con las leyes, y claros privilegios concedidos a los becarios de Río Piedras.
“Sin embargo, la Junta de Gobierno decidió actuar con la mayor tranquilidad en el proceso lo que puede ser adjudicado a un interés de encubrir los delitos señalados por la comisión investigadora, en especial cuando está cerca de haber pasado un año de haberse dado el proceso irregular de las becas presidenciales ¿Acaso no les preocupa que la UPR esté siendo dirigidas por personas que violaron la ley?”, cuestionó Guasp Pérez en un comunicado.
Guasp Pérez hizo énfasis en que no se justifica la lentitud en tomar acciones cuando de la investigación desarrollada por tres abogados seleccionados por la Junta de Gobierno surge que hubo violación a las leyes y reglamentos.
A juicio de la representación estudiantil la situación en la UPR es insostenible y requieren de acciones que garanticen la mayor transparencia. Por esa razón insistieron en que se debe publicar el informe de la investigación de las becas presidenciales de forma tal que se pueda ser transparente y no se encubran a funcionarios públicos.
El estudiante de Economía, quien finaliza su término frente al CGE el próximo jueves, alegó que desde el primer día que se denunció el esquema se trató de proteger a ciertos funcionarios universitarios que usaron las becas presidenciales para beneficiar a sus amigos y familiares. Luego se dilató el informe y no se divulgó a todos los miembros de la Junta.
Finalmente, destacó que le parece inconcebible que el presidente de la UPR, Uroyoán Walker Ramos, sea quien recomiende personas para ocupar la Junta de Gobierno de la institución sin que se haya tomado una decisión final sobre la investigación en curso.
“Mientras se da el asunto del posible encubrimiento, se está utilizando el tema del aumento en la matrícula para que el Presidente de la UPR seleccione a personas de su confianza para que sean miembros de la Junta de Gobierno. Estas personas serían quienes determinarían las acciones que se van a llevar a cabo producto de la investigación en la que posiblemente está implicado. Eso es un conflicto ético craso y merece el mayor repudio del país”, puntualizó.
