La portavoz del grupo EDUCAMOS, Eva Ayala exigió el martes al secretario del Departamento de Educación (DE), Rafael Román, que cumpla con los pagos para los proveedores del Programa de Educación Especial.
“Es vergonzoso que el Departamento de Educación ponga en peligro la educación de nuestros alumnos especiales. No se puede seguir esperando a que los grupos de padres y madres de Educación Especial tengan que denunciar la situación por la que atraviesan sus hijos para entonces anunciar que se le van a garantizar los servicios relacionados y las terapias que son parte fundamental de sus derechos”, dijo Ayala en un comunicado de prensa.
Señaló que el caso Rosa Lydia Vélez “ya va para 4 décadas y todavía es la hora que el DE sigue incumpliendo. Eso no puede seguir ocurriendo. El secretario asociado de Educación Especial, Carlos Rodríguez Beltrán, afirmó que del presupuesto del DE se invierten 500 millones de dólares en el Programa y que de esos, unos 150 millones de dólares (30 por ciento) se van en contratos para los proveedores privados de los servicios relacionados y terapias. Nos preguntamos qué está pasando con dichos fondos”.
Sostuvo que por otro lado, el DE tiene que reconocer que la situación ha llegado a ese nivel “porque ante la ineficiencia de quienes administran la agencia, el llamado Remedio Provisional se ha convertido en permanente. La mejor manera de encarar y resolver el problema es que se dote a las escuelas de las facilidades y recursos materiales y humanos para que estos servicios se ofrezcan directamente en las mismas escuelas públicas. En lugar de eso, la agencia ha venido recortando servicios y recursos durante décadas, lo que ha precarizado tanto la educación pública regular como el Programa de Educación Especial”.
“Ahora mismo, el DE está recortando plazas en todas las áreas, está sometiendo a nuestros alumnos a una situación de hacinamiento amontonando gran cantidad de ellos en menos salones y cada vez con menos recursos alegando que hay crisis fiscal. Tan es así que las maestras/os regulares se están convirtiendo en maestras/os de Educación Especial sin que se le haya dotado de las herramientas necesarias. A los maestros del Programa se les está asignando matrículas de sobre 40 alumnos especiales, lo que imposibilita la atención individualizada que el alumno necesita. Es una manera de hacer que nuestros estudiantes y padres paguen por la crisis fiscal”, señaló.
Aseguró que aparte de no proveerse los servicios y terapias en las escuelas públicas, supuestamente se incumple con la ley que establece el nombramiento de sicólogos escolares en cada escuela, lo que agrava el problema.
“Estamos convencidos de que la provisión de los servicios a nuestros estudiantes especiales en las mismas escuelas, abarataría los costos. Mientras un servicio privado puede costar entre 4,000 a 7,000 dólares, el salario básico del maestro se mantiene en 1,750 dólares. Con los planes del gobierno que incluyen el cierre de escuelas y la eliminación de plazas, lo que va a ocurrir es que el problema será cada vez peor”, denunció.
“Reiteramos que es responsabilidad del Departamento de Educación proveer tanto el servicio educativo como las terapias y servicios relacionados a tiempo. De no tenerlos disponibles, el padre tiene derecho a que se le provea por vía del Remedio Provisional establecido por el Tribunal. Precisamente garantizando que se provea la educación y los servicios relacionados a tiempo es la mejor manera de sacar a nuestros alumnos especiales adelante y que salgan del Programa de Educación Especial. Le hacemos un llamado tanto al magisterio como a los diversos grupos de padres y madres tanto de Educación Especial como del programa regular para que empujemos en la misma dirección hasta detener y revertir la privatización de la educación y para que se fortalezca el sistema público de enseñanza de tal manera que se garantice a través del mismo el derecho a la educación de nuestros alumnos especiales y regulares”, concluyó Ayala.
