PONCE (CyberNews) – Para el experto en la Ley federal PROMESA, licenciado Rolando Emanuelli Jiménez, el anunciado acuerdo por la Junta federal de Control Fiscal (JCF), con bonistas de Obligaciones generales (GO’s), de un recorte del 36 por ciento de la deuda no es un acuerdo de reestructuración de deuda.

“En realidad, lo que se divulga y que la prensa recoge como un acuerdo, no es un acuerdo porque no es el trámite que, por ejemplo, se está llevando en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) donde se hace una transacción y se somete a la aprobación de la jueza Taylor Swain”, dijo Emanuelli Jiménez en entrevista con WPAB 550 Ponce.

“Es un acuerdo para apoyar al plan. Un acuerdo para apoyar al plan lo único que compromete a las partes es que, si tú sometes un plan bajo esas circunstancias, yo secundo. Yo escribo una carta, que era lo que le estaban diciendo a la Asociación (de Maestros) porque ese fue el acuerdo que ganaron con esa negociación, es que ellos podían escribir una carta diciendo yo secundo el plan, pero el plan tiene que ir luego a votación”, añadió.

Explicó que en ese acuerdo debe ser por mayoría, dos terceras partes del monto de la deuda de acuerdo más el 50 por ciento de los tenedores de la deuda en su carácter individual o corporativo.

“Ellos tienen el 10 por ciento, ¿por qué hacen eso?”, cuestionó Emanuelli Jiménez.

Señaló que “eso crea unas condiciones de mercado súper ventajosas para que los fondos buitres puedan adquirir bonos de gente que se asuste y venda sus bonos a precio de pesca’o abomba’o. Fíjate que el supuesto acuerdo propone un recorte de hasta un 60 por ciento. Aquí los GO’s le están haciendo a un precio mayor”.

Mencionó que la Junta de Control Fiscal le pedirán al Primer Circuito de Apelaciones de Boston para continuar operando, utilizando como excusa que ya están llegando a un acuerdo, opinó el licenciado.

“Un acuerdo necesita unos por cientos tanto del monto de la deuda como de los acreedores para que tenga peso y validez ante la jueza Laura Taylor Swain”, dijo.

El presidente de la JCF, José Carrión, tercero, anunció que se logró un acuerdo con ciertos bonistas del Gobierno de Puerto Rico en el marco de un plan de ajuste para resolver 35 mil millones de dólares en deuda y las reclamaciones -no relacionadas con la deuda- contra el Gobierno de Puerto Rico.

“El acuerdo reducirá el monto de los bonos del Gobierno de Puerto Rico en circulación a menos de 12 mil millones de dólares, equivalente a una reducción que supera un 60 por ciento. Mientras, el servicio de la deuda del Gobierno, incluyendo principal e intereses por los próximos 30 años, se reducirá a menos de la mitad, de 43 mil millones de dólares millones a 21 mil millones de dólares”, dijo Carrión, tercero.

“El acuerdo con los acreedores, evidentemente, es un reconocimiento de parte de los bonistas y otros sectores con reclamaciones contra el gobierno de que la difícil situación financiera que atraviesa Puerto Rico requiere una reducción significativa de su deuda a niveles sostenibles. Este acuerdo es un elemento importante del plan de ajuste que permitirá a Puerto Rico salir de la deuda a principios del año que viene. La Junta de Supervisión espera someter un plan de ajuste para el Gobierno de Puerto Rico durante los próximos 30 días”, añadió.

Mencionó que este acuerdo se suma a los alcanzados en los pasados días con el Comité Oficial de Empleados Retirados (COR) para resolver los 55 mil millones de dólares en reclamaciones relacionadas con pensiones; y con varias uniones, en relación con acuerdos de negociación colectiva y beneficios de retiro.

Expresó que el acuerdo provee un recorte promedio que supera 60 por ciento para la totalidad de 35 mil millones de dólares en reclamaciones contra el gobierno, un 36 por ciento de reducción para los tenedores de bonos válidos de las obligaciones generales de Puerto Rico, y un 27 por ciento de reducción a los tenedores de los bonos válidos de la Autoridad de Edificios Públicos, garantizados por el gobierno.

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) Christian Sobrino Vega se expresó a favor de este acuerdo e insistió en el rechazo del convenio entre la JCF y los empleados retirados.

“La Junta, los acreedores y otras partes interesadas saben muy bien que, sin la participación del Gobierno de Puerto Rico para promover legislación, acciones ejecutivas o acciones administrativas, ningún plan es factible, ningún acuerdo se puede ejecutar y ningún valor será mercadeable. Más aún, todos tienen pleno conocimiento de las consideraciones que se requiere para lograr que el Gobierno de Puerto Rico consienta. Finalmente, el Gobierno de Puerto Rico ya ha manifestado a la Junta de Supervisión en numerosas instancias que el Gobierno de Puerto Rico no presta su consentimiento ni expresa el deseo de someter otra entidad gubernamental o instrumentalidad a un proceso de reestructuración bajo el Título III en adición a aquellos procesos ya comenzados en el 2017”, expresó Sobrino Vega.