San Juan, Puerto Rico (7 de septiembre de 2016) – Con evidencia de la resolución aprobada por la Legislatura Municipal de San Juan para apoyar iniciativas en contra de la Junta de Control Fiscal, la licenciada Zoé Laboy desmintió las expresiones de la alcaldesa de San Juan de que la misma había sido aprobada por los tres partidos políticos.
“Aquí podrán ver como la propia resolución desmiente a la alcaldesa Carmen Yulín Cruz. Son inaceptables las constantes contradicciones en las que se ha visto la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, en temas importantes y de interés, siendo el más reciente el uso de fondos públicos municipales para apoyar protestas de manifestantes en contra de la Junta de Control Fiscal”, señaló La candidata al senado por acumulación por el PNP Zoe Laboy Alvarado.
En días recientes la alcaldesa de San Juan se amparó en que para utilizar fondos públicos tenía el aval de la Asamblea Municipal, quienes alegadamente habían votado de forma unánime y tripartita. La realidad es que el documento de la Resolución 81, Serie 2015-2016 claramente expresa que la votación no fue unánime pues tres legisladores se encontraron ausentes e incluso una de ellas le votó en contra. “Las constantes contradicciones de la alcaldesa deben detenerse. El pueblo tiene que conocer de sus líderes la verdad, y no esperar a que documentos tengan que ser revelados para saber que está ocurriendo. San Juan merece más”, sentenció Laboy Alvarado.
“Yo estoy en contra de la Junta de Control Fiscal, lo he expuesto en diversos foros y entrevistas, me parece un acto que demuestra nuestra vulnerabilidad como colonia a los poderes del Congreso sin tener representación digna como un estado, trato que sería muy diferente. Ahora bien, el Congreso ya la aprobó y nosotros como líderes tenemos una responsabilidad de educar y evaluar las propuestas que presentemos para garantizar el mejor interés del pueblo. De nada vale comenzar una lucha entre la Junta de PROMESA y el gobierno o el pueblo, es un acto irresponsable cuando nuestro deber es guiar los asuntos y mantener el orden. Es inaceptable que la alcaldesa utilice fondos públicos para apoyar manifestaciones violentas en contra de PROMESA”, puntualizó la también abogada.
En el pasado, a la alcaldesa se le cuestionó por un préstamo de unos 300 millones de dólares tomado al Banco Gubernamental de Fomento en el que acabó con el margen prestatario del Municipio. En aquella ocasión lo negó, y en un mensaje de presupuesto posterior, alegó tener un superávit en el ayuntamiento gracias a su desempeño. Tras meses de señalamientos, su propio gobernador Alejandro García Padilla la desmintió y reveló el mega préstamo otorgado a solicitud de la alcaldesa. “San Juan no puede tener una alcaldesa que no diga la verdad o que se esconda para evitar aclarar un asunto. Es inaudito que un líder le mienta a sus constituyentes y que éstos tengan que enterarse de la verdad cuando salen a relucir públicamente documentos o evidencias. Lo mismo ocurrió en los pasados días con el tema de la actividad de recaudación de fondos que le realizara Anaudi Hernández en su mansión en Aguadilla, la cual nunca reportó al Contralor Electoral. La Ciudad Capital y Puerto Rico merecen líderes que tengan el norte claro y podamos con credibilidad lograr el desarrollo económico y social que necesitamos”, recalcó la ex secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación.
De igual forma, la candidata al Senado por Acumulación manifestó “yo invito a los sanjuaneros y sanjuaneras a que evalúen a los candidatos y candidatas que se presentan en estas elecciones, cuestionen sus posturas sobre la relación política que debe tener Puerto Rico con los Estados Unidos y emitan juicio. Es importante que tengan la información completa a la hora de ejercer su derecho al voto y es nuestra responsabilidad hablarle claro y expresar lo que creemos. Leo Díaz es un ejemplo de ello, siempre ha ido de frente y claro en sus posturas. Por eso invito al pueblo a que de manera contundente el 8 de noviembre le dé su confianza”.
La líder novoprogresista concluyó asegurando que “todos y todas tenemos que respetar las diversas visiones políticas que hay en Puerto Rico, eso no puede estar en discusión. Lo que no podemos es utilizar el dinero público para financiarlas. Para mí eso es un mal uso de fondos públicos y no es aceptable habiendo tanta necesidad en San Juan, las prioridades parecen estar invertidas”.