EL CAPITOLIO (CyberNews) – El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, condenó el jueves, la eliminación de la Ley 80 sobre el despido injustificado, como parte de la reforma laboral impulsada por la Junta de Control Fiscal (JCF).

“Es ver al trabajador como una simple mercancía. Eso es lo que pretende el Gobierno de Puerto Rico en su acomodo razonable con la Junta de Control Fiscal cuando trasciende hoy que las negociaciones entre el Gobierno, la Legislatura y la Junta de Control Fiscal es que no habrá cambio en unas áreas laborales, pero sí eliminarán la Ley 80.

La derogación de la Ley 80 convertirá al trabajador y a la trabajadora puertorriqueña, a la gente que sale todos los días a trabajar, en una mera mercancía, en un mero cómputo de costos. La Ley 80 es el último reducto que le queda a la clase trabajadora luego de ver menoscabados sus derechos constante y sistemáticamente. Si la eliminan, van a convertir a Puerto Rico en una economía de libre empleo a voluntad que permitirá el despido de una persona en cualquier momento. La derogación de la Ley 80 debe ser rechazada vehementemente como lo planteé y lo propuse cuando se discutió la primera reforma laboral. Ahora, con esta segunda reforma laboral, pretenden eliminarla y convertir a Puerto Rico en un mercado donde se permitan los despidos a tutiplén sin ninguna razón justificada.

La Ley 80 del 30 de mayo de 1976 es lo único que le queda al trabajador en la empresa privada para obtener una compensación en aquellos casos en que es despedido injustificadamente. Durante más de cuarenta años se ha utilizado dicha Ley para reivindicar mínimamente al trabajador o trabajadora cuando es despedido por razones injustificadas por el patrono y por razones que no tienen que ver nada con la función y el ejercicio de su trabajo por parte de la persona empleada. Es una ley que fue enmendada en múltiples ocasiones desde que se aprobó en 1976 para aumentar la compensación hasta que el pasado año fue mutilada para reducir las compensaciones para de esa forma reconocer que existe una relación desigual entre el trabajador y el patrono. Eso significa que había que dejar algún tipo de ley que reconociera un mínimo de protección al empleado. Como cuestión de hecho, desde el Partido Independentista Puertorriqueño siempre hemos planteado que esa ley ameritaba ser enmendada para reconocerle al trabajador y a la trabajadora su derecho a ser reinstalado en el empleo si era despedido injustificadamente.

La eliminación de la Ley 80, por otro lado, en nada mejora la economía de Puerto Rico. Es simplemente otro designio más, otro mandato más de la Junta de Control Fiscal para convertir a la clase trabajadora de Puerto Rico en esclavos del siglo XXI.

Una vez más expresamos nuestra más férrea oposición a la eliminación de la Ley 80. Nuestra condena a aquellos que intentan hacer algún tipo de negociación o transacción a costa de las personas que salen todos los días a trabajar y que lo único que en justicia les queda para defenderse ante un despido injustificado. Desde el Partido Independentista Puertorriqueño, y en mi caso desde la Cámara de Representantes, rechazamos y denunciaremos cualquier intento dirigido a eliminar la Ley 80 en Puerto Rico”, sostuvo Márquez Lebrón en declaraciones escritas.