SAN JUAN (CyberNews) – Elis Morales, director de la Oficina de Legislación y Reglamento de la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT), dijo el miércoles que los jueces tienen un mandato en ley para asignar grillete electrónicos con GPS en ciertos casos, por lo que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) no puede determinar dejar de usar esos dispositivos en lo que se resuelven las fallas con los mismos.
“Sobre esa posibilidad, realmente lo que puedo decir es que la ley lo requiere en unos casos de delitos en específico”, dijo Morales a la prensa.
“Ellos (Corrección) puede hacer las recomendaciones que entiendan, si esa fuera una de ellas. Lo que ocurre es que los jueces tienen un mandato de ley en unos delitos específicos y no tienen discreción para no imponer la condición del grillete”, agregó.
Las declaraciones se dieron en el marco de una vista senatorial de la Comisión de Asuntos de la Mujer, sobre las fallas que enfrenta el sistema de grilletes con GPS. Recientemente se reportó un caso de un hombre que asesinó a su pareja en San Sebastián y el sistema generó la alerta una hora después de ocurridos los hechos.
“La Comisión nos ha citado para que le expliquemos cuáles son las disposiciones a base de las cuales los jueces imponen la supervisión electrónica”, dijo el funcionario.
Agregó que eso está estipulado en las reglas de procedimiento criminal y que por legislación en particular se toma en consideración la peligrosidad de la persona, los vínculos de la persona con la comunidad para efectos de la imposición de fianza, así como comparecencias previas en asuntos judiciales.
“Eso es parte de la discreción de los jueces de acuerdo a la prueba que ha desfilado ante el juez”, sostuvo a preguntas si el victimario en el caso de San Sebastián era suficientemente agresivo como para ir a prisión en vez de haber tenido un grillete.
Indicó que entiende que había un informe del técnico sociopenal oponiéndose a que el sujeto tuviera un grillete. Además, dijo que ambos jueces que atendieron el caso, emitieron órdenes de protección y se impuso la supervisión electrónica que provee la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ).
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